Corrupción política sin remedio

Un juzgado de la localidad está investigando a varios funcionarios después de que un empresario comentase ante un antiguo alcalde socialista que los actuales regidores le exigían hasta 30.000 euros de comisión -un aparente delito de cohecho puro y duro- para poder disponer de los permisos necesarios para organizar un espectáculo musical. De momento, tres funcionarios del Ayuntamiento ya han declarado como testigos ante el juzgado. Y otra funcionaria más, jefa del servicio jurídico de Urbanismo, está imputada por su supuesta participación en la trama, con el grave añadido de que en el pasado se había convertido en una colaboradora de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente para poner a disposición de la Justicia documentación que probase casos sospechosos. Y fue así hasta que ha sido el propio Ministerio Público quien sospechó que ella retenía y ocultaba información a los fiscales. En este caso, la funcionaria está imputada ante la Audiencia Nacional.

La cuestión de fondo no son ya las imputaciones o las denuncias. Ni si siquiera lo son las comisiones y mordidas para ‘pasar por caja’ con 30.000 euros a cambio de que permitiesen a un promotor musical hacer su trabajo. Lo grave es que no se aprende de los errores, y que en todos los ámbitos de la política, especialmente en el municipal, sigue vigente la tentación del dinero fácil, la extorsión, la prevaricación, y el cohecho al más puro estilo mafioso. Grabaciones realizadas por la Guardia Civil por orden judicial así lo atestiguan. Y en este caso en particular, salpicando a un alcalde de un partido, Ciudadanos, que ahora está en trance de desaparecer, pero que en su momento estuvo a escasos escaños de arrebatar al PP la bandera del partido de centro-derecha más votado, precisamente usando las denuncias de corrupción como coartada. Ciudadanos decía representar la regeneración total de la política, la lucha contra la corrupción, el servicio público bien entendido, y la transparencia en la gestión eficaz de los recursos públicos. Sin embargo, al menos en Valdemoro, el pueblo que nunca consigue sacudirse el sambenito de la corrupción institucionalizada, no parece ser así.

Lo que cabe preguntarse es que si hay un empresario que denuncia este intento de chantaje económico a cambio de una concesión administrativa, cuántos habrá que no lo hagan por evitarse problemas, por mantener vivo su negocio, o sencillamente por ser cómplices de este tipo de tramas, organizadas para esquilmar el prestigio de la clase política en general. La corrupción municipal, por razones lógicas, es la más cercana al ciudadano, y también una de las más difíciles de detectar. Pero a menudo muchos ayuntamientos se convierten en nidos de amiguismo -ahí está la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau- y en pequeños nichos de corruptelas donde la gestión del dinero público es lo de menos, y el enriquecimiento ilícito, lo de más. En España sigue haciendo falta un compromiso institucional mucho más contundente contra la corrupción.