Editorial
Acuerdo contra la convivencia
Cataluña pone en marcha un nuevo gobierno diseñado en la cárcel por delincuentes, que atribuirán todo el poder económico y político a un huido de la Justicia como Puigdemont
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Iniciar sesiónCataluña volverá a tener el peor gobierno de coalición posible tras el acuerdo alcanzado por ERC y Junts cuando apenas faltaban unos días para convocar nuevos comicios. La noticia cuenta además con el añadido de la tóxica influencia que ejercerá la CUP, un partido antisistema ... y con simpatías proetarras cuyo único objetivo es dinamitar la democracia y la convivencia. Una vez más, el separatismo ha dado una lección de supervivencia a todos aquellos crédulos que pensaban que las eternas fisuras entre partidos como ERC y Junts provocarían al final una nueva cita con las urnas. Pero eso es tanto como desconocer que el independentismo vive de dramatizar sus disputas, de tensionar la política y de sobreactuar su teatralidad, porque a la hora de la verdad siempre se impone su prioridad: el poder por el poder para seguir extorsionando al resto de España, con los catalanes como rehenes de una farsa sentimental basada en el desprecio a la legalidad.
La presentación del acuerdo a manos de Pere Aragonès y Jordi Sànchez, excarcelado expresamente para presumir de un Gobierno negociado entre barrotes, es solo la manera que tiene el secesionismo de seguir marcando a Pedro Sánchez y de mantener viva la amenaza de nuevos brotes golpistas. Por eso la nueva Generalitat será más de lo mismo, con conflictos continuos y recelos entre socios, con incapacidad para aprobar una sola ley que beneficie a los catalanes, y con una agenda identitaria muy alejada de la imprescindible gestión del día a día. Es lo que han votado mayoritariamente los catalanes, y ahora sufrirán de nuevo las consecuencias de vivir bajo el paraguas de un gobierno que hace del odio a la democracia su razón de ser.
En clave política, ERC ha cedido lo inimaginable y ha fracasado en su órdago a Junts. Nunca habría arriesgado perder la presidencia de la Generalitat solo porque Oriol Junqueras no soporte a Carles Puigdemont, o porque sean partidos antagónicos en cuestiones determinantes como la política económica. Les unen la obsesión por seguir encarnando un desafío al Estado y la ambición de humillar aún más al constitucionalismo tras su fracaso en las urnas. Ahora, un procesado huido de los jueces con nocturnidad se hará con un control absoluto de las áreas más relevantes del nuevo Gobierno: economía, justicia y actividad exterior. Es lo que necesita Puigdemont para sobrevivir y seguir presentándose como víctima de una falsa represión política en España. El precio del botín incluye también 500 altos cargos para el reparto de prebendas y favores, para el pago de lealtades, el control de 27.000 millones de presupuesto y, sobre todo, para gestionar las ayudas europeas que Pedro Sánchez decida arbitrariamente destinar a Cataluña.
Rearmados sus socios, Sánchez volverá a tener la presión de acordar unos indultos para los condenados por sedición que ni siquiera ellos mismos han solicitado. También reactivará la reforma penal para desactivar ese delito, y convocará la ‘mesa de diálogo’ con Cataluña, como admitió ayer el ministro Miquel Iceta con un tono triunfalista muy distinto al del semiolvidado Salvador Illa. Así Sánchez se garantiza una mascarada con la que seguir sometiendo a España a una extorsión para que Cataluña adquiera un estatus jurídico distinto al que le otorga la Constitución. Los catalanes tendrán otro gobierno conflictivo, destructivo y pedigüeño, lo cual será doblemente preocupante si en La Moncloa persiste esta versión del PSOE tan alejada del constitucionalismo y tan inclinada a la claudicación.
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