La democracia amenazada

La idea de que la política no está al servicio de la convivencia sostenible -de un camino sostenible hacia un posible progreso social y económico-, sino que su única legitimidad consiste en complacer las necesidades y exigencias más inmediatas del «pueblo» -por lo que un buen político populista es aquel que dice aquello que el «pueblo» quiere oír y actúa presto en ese sentido- es, en lo esencial, antidemocrática.

Las democracias son una forma del tiempo. Se construyen, ajustan y renuevan a lo largo de los años y las décadas. Su fundamento es de largo plazo. Los consensos son siempre fruto de procesos de maduración. Ninguna convivencia se forja en plazos breves. Como la promesa del populista es indisociable de la inmediatez de ciertas emociones -en lo primordial, una paleta de resentimientos-, en el populismo subyace siempre la impaciencia, el apuro, la urgencia de actuar, incluso por encima de las leyes, de los deberes democráticos como el diálogo y actuando a contracorriente de la lógica de los procesos productivos.

El simplismo característico del populista lo impulsa en contra de la realidad y del sentido común. El populista abandona los mecanismos de acuerdo, dinamita las instituciones, rompe relaciones, impone reglas y crea mecanismos que desconocen el Estado de Derecho. Tampoco escucha a los actores sociales. Ante aquello que le resiste, establece el paradigma de la polarización: yo contra ellos, ellos contra mí. Por eso el populista, en particular el latinoamericano (que guarda algún parentesco con la vieja figura del caudillo), enuncia sus enemigos en voz alta: los medios de comunicación, los políticos demócratas, los empresarios, las universidades. Por eso golpea y destruye las instituciones. Por eso azuza el odio contra el pluralismo y la tolerancia. Por eso agita las aguas del fanatismo: el racismo, la xenofobia, la descalificación sistemática del adversario.

A esta amenaza vienen a sumarse ahora, con claro énfasis en los últimos cinco o seis años, las que provienen de la revolución digital. Se trata de peligros dotados de una propiedad especialmente perversa: no son fáciles de detectar. Según alcanzo a vislumbrar, una parte mayoritaria de las sociedades del mundo, no parece haber advertido lo que está sucediendo. Aunque, cada vez con mayor frecuencia, en los medios de comunicación se publican denuncias, algunas de ellas sobre hechos bastante graves; y aunque la preocupación de los especialistas ha derivado en la recurrente publicación de libros que pueden encontrarse en cualquier buena librería, todo esto resulta insuficiente para alertar y contrarrestar los efectos de las prácticas de desfiguración de la realidad, que son constantes e inagotables.

Uno de esos fenómenos, quizás el más visible y también el más señalado, es el de las fake news. Me alarma que la propagación de noticias falsas y el desmentido de una parte de ellas -tengo que insistir en esto: se desmienten solo aquellas que son más grotescas, pero una parte considerable de su caudal circula impunemente-, se acepten como una especie de mal necesario, propio de la existencia de las redes sociales. Este argumento normaliza las mentiras, sin aclarar el daño estructural y, a veces, irremediable que hacen a las bases de las instituciones democráticas, a la credibilidad de los líderes de la sociedad, a cuestiones fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a informar, el derecho a la intimidad o el derecho a la propiedad privada. En las redes sociales, además, se menoscaban elementos esenciales de la vida republicana, como la autoridad del conocimiento, la entidad de las autoridades, el respeto por la ley y los procedimientos.

Menos visible, pero mucho más peligroso, es el uso de los algoritmos, mejor dicho, de la ciencia de los algoritmos, para pronosticar percepciones, intereses, expectativas y posibles conductas, y proceder a su manipulación con distintos fines: campañas de desprestigio, procesos electorales, debilitamiento de los adversarios políticos. Paulatinamente, sin siquiera percatarnos, tomamos decisiones y configuramos opiniones, que son el resultado de sofisticadas técnicas de persuasión y engaño.

La unión entre los estrategas del juego sucio y los bots -programas informáticos que envían y replican falsas informaciones que circulan en las redes sociales- otorgan a quienes tienen dinero para pagarlo, y a intereses ajenos a los países, herramientas con una alta capacidad de alterar e indisponer a la opinión pública en contra de la democracia. Pero, además, con este agravante: lo hacen desde cualquier parte, bajo mecanismos imposibles de conocer y penalizar, a menudo con la protección de los gobiernos de otros países.

Esa es una de las luchas que, con enorme desventaja, también lleva adelante la oposición democrática venezolana, objetivo permanente de campañas de difamación, falsas acusaciones, siembra de dudas y sospechas, con el propósito de erosionar su vínculo con el país que quiere un cambio. Gobiernos y empresas contratadas para tales fines, mantienen operaciones con el objetivo de dividir y deslegitimar a los líderes de la lucha democrática. Y no siempre los ciudadanos venezolanos se percatan de las prácticas que van dirigidas a sus emociones y pensamientos. Todavía estamos un tanto indefensos ante estos usos de las nuevas tecnologías. La cultura democrática está en la obligación de incorporar un nuevo capítulo a sus tareas: la de masificar la comprensión sobre los peligros de la manipulación digital.

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Miguel Henrique Otero es presidente editor de «El nacional» de caracas