El PP plantea vocales del CGPJ sin vínculos políticos y votados en su mayoría por los jueces

La primera, que los vocales del CGPJ no podrán tener vínculos políticos. Ni haber pertenecido a un gobierno o haber sido diputado, senador, parlamentario regional o concejal, pero tampoco se podrá haber tenido un cargo orgánico en un partido o en un sindicato si se quiere recalar en el Consejo. La segunda que 12 de los 20 vocales que conforman el órgano, los que tienen procedencia estrictamente jurídica (los otros 8, del turno de juristas, seguirían siendo nombrados por el Congreso y el Senado, por mayoría de tres quintos) serían elegidos por los propios jueces.

El plan del PP supone una vuelta a un modelo más parecido al que fijaba en origen la Constitución de 1978, modificado en 1985 por el primer Gobierno del PSOE en una ley orgánica. Y recoge parte de las propuestas que el primer partido de la oposición tenía ya muy avanzadas en la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar al actual CGPJ, en la prórroga de su mandato desde 2018, finalmente frustradas el pasado otoño. Esto último por lo que se refiere a apartar de las vocalías a personas relacionadas con los partidos.

Si una reforma así entrase en vigor (en la actual legislatura es un brindis al sol, dada la mayoría gubernamental en contra) podrían aspirar a ser vocales del CGPJ jueces en activo de toda España que obtuviesen el aval de veinticinco compañeros de carrera, o en su defecto el de una de las asociaciones corporativas legalmente constituidas, tales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o Jueces y Juezas Para la Democracia.

A partir de ahí, se abriría un proceso electoral en el que cada juez podría votar, en una lista abierta y con circunscripción única en toda España, hasta seis candidatos. La elección final sería para quienes recibiesen más votos, pero con algunas excepciones. El reglamento electoral deberá atender, según la propuesta presentada ya por el Grupo Popular, al equilibrio en el CGPJ entre jueces asociados y no asociados, así como entre hombres y mujeres.

En la exposición de motivos de la propuesta se comienza recordando lo que el Tribunal Constitucional advirtió en 1986 sobre la ley vigente, que a juicio del Alto Tribunal podría frustrar la finalidad del modelo diseñado en la Carta Magna. Los populares argumentan en ese sentido que «son muchos los avatares que han tenido lugar desde tal pronunciamiento y, aunque se han producido algunos cambios normativos, es evidente que el modelo de designación de los vocales del CGPJ no tienen hoy el consenso social, jurídico, político o el de las instituciones europeas que permita responder a las exigencias actuales sobre la transparencia y la independencia de las instituciones democráticas, en particular del Poder Judicial y de su órgano de gobierno». Una clara alusión a las cada vez más reiteradas advertencias realizadas por Bruselas sobre la necesidad de un cambio de modelo que aleje la influencia política del órgano encargada del funcionamiento de la Justicia en nuestro país.