El abogado Gonzalo Boye, a juicio con Sito Miñanco por blanqueo de dinero de la droga

Todos ellos tendrán que responder por su presunta participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España ingentes kilos de cocaína así como por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. Se les atribuyen supuestos delitos contra la salud, blanqueo de capitales y un delito continuado de falsificación de documento oficial. A algunos procesados además se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas.

La Sala de lo Penal adopta esta decisión «no siendo preciso practicar más diligencias de instrucción ni encontrando defectos insubsanables que hayan producido indefensión». Por ello confirma el auto de conclusión del sumario dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

El el auto de procesamiento la jueza del caso, María Tardón, detallaba los contactos de los procesados con organizaciones suministradoras de droga en Sudamérica, así como la infraestructura personal «de al menos 16 personas debidamente identificadas, con distintas responsabilidades personales y vinculación entre ellas». También revelaba las operaciones, reuniones y conversaciones «para la preparación material y ejecución» de las dos operaciones para introducir en España la cocaína. Las intervenciones culminaron con la «incautación en el buque Thoran el 2 de octubre de 2017 de 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión de un contenedor en Países Bajos el 9 de noviembre de 2017 que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia».

Según la investigación el entramado criminal después, ocultaba los beneficios generados por la venta de la droga y que se establecía en tres vías: a través del entramado societario de empresas de las que Sito Miñanco era el titular real, terceros que le prestaban servicios a cambio de comisiones y el transporte de dinero generado por la venta de la droga a través de correos humanos.

En el caso de Boye, fue procesado por su supuesta participación en una de esas operaciones para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la policía en el aeropuerto de Barajas ocultos en la maleta de uno de los presuntos miembros de la organización. Se habría servido, junto a otros dos abogados, de unos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio falseados para justificar la legitimidad del efectivo intervenido.

Boye, que ha intentado sin éxito apartar a la juez instructora y ha llegado a querellarse en el Supremo contra ella y el fiscal de Antidroga que lleva la causa, recurrió su procesamiento pero la Sala desestimó sus pretensiones ante «la concurrencia de indicios racionales que permiten vincular» al también letrado de Carles Puigdemont «con los hechos y con los delitos« por los que se le procesó.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Antidroga, se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo una condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.

La juez al frente del caso, María Tardón, indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria.

Habla en concreto de «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad».

El entramado criminal lo dirigía Sito Miñanco con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico, conforme explica la instructora.

A lo largo de las pesquisas, se identificaron estas dos operaciones concretas, por las que ahora los procesados deberán rendir cuentas en la vista de juicio oral.