La acusación falsa de Sánchez

Que en un programa de máxima audiencia un presidente del Gobierno acuse a medios de comunicación como este periódico de incumplir la ley supone rebasar una línea inédita incluso para Sánchez. La decidida intoxicación de la opinión pública y el ejercicio de intimidación que entraña es una práctica insólita que no encuentra precedentes en más de cuarenta años de democracia.

El guion no es nuevo y reproduce la estrategia habitual de los mandatarios iliberales. No es la primera vez. Durante la última legislatura hemos visto a Pedro Sánchez apelar a oscuras teorías de la conspiración, conforme a las prácticas populistas más propias de otras latitudes. Cuando la desconexión entre las palabras del presidente y la realidad se hizo más patente, Sánchez llegó a fabular con la idea de que acabaría siendo detenido, reproduciendo una cita casi exacta de Donald Trump. El presidente del Gobierno, siguiendo la línea inaugurada por su vicepresidente Pablo Iglesias, ha señalado a medios de comunicación e incluso, como ocurre con este diario, ha ejercido un veto que atenta directamente contra el derecho a la información que protege de forma explícita nuestra Constitución en su artículo 20. Sánchez ha sido capaz de sembrar sospechas sobre empresarios, con nombres y apellidos, sobre los que no pesa ninguna resolución judicial ni tan siquiera diligencia alguna. Y es, al fin y al cabo, el mismo presidente que ha mantenido durante todo su mandato a Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad; una ministra, recordemos, condenada a pagar 18.000 euros por llamar maltratador a un hombre inocente y que tildó de propaganda fascista la acertada previsión de los resultados que generó su desastrosa ley del 'sólo sí es sí'.

En su deriva populista, Sánchez ayer subió un escalón más al intentar acusar a los medios que publicamos encuestas de incumplir la ley y de falta de transparencia. De paso, con una ausencia de pudor total, validó exclusivamente los sondeos de los medios afines y los que realiza el CIS. Precisamente, debería abochornar al PSOE el uso partidista que se hace de una institución que durante décadas gozó de un probado prestigio y que ahora ha arrasado su credibilidad por malas prácticas sostenidas en el tiempo.

El presidente sabe perfectamente que falta a la verdad con esa acusación, pero aspira a generar un contexto de hostilidad para la prensa libre y confía en desacreditar unos pronósticos electorales que cada día hacen más improbable su victoria. En el caso de GAD3, la exactitud de sus encuestas ha quedado demostrada en los últimos ciclos electorales y sobre nuestro riguroso cumplimiento de la normativa vigente ya se ha pronunciado la Junta. Es comprensible que el presidente del Gobierno esté preocupado, pues todos los indicios parecen apuntar al final de su mandato. Sin embargo, una práctica tan antidemocrática como verter acusaciones infundadas sobre los medios no admite justificación posible en un Estado de derecho. En caso de que el 23J se ratifique el resultado de las encuestas que Sánchez intenta deslegitimar y termine su ciclo, estas últimas semanas podrán recordarse como un colofón coherente con el desgaste institucional y con la erosión de la palabra pública que durante años ha ejercido nuestro presidente.