Alerta de inconstitucionalidad

El informe, firmado por Isabel Revuelta de Rojas, Piedad García Escudero y Fernando Castillo, concluye que cinco de los dieciséis artículos de la ley de amnistía, además de una parte esencial de la exposición de motivos y las dos disposiciones adicionales tienen visos de inconstitucionalidad. En primer lugar, el documento destaca que la norma promovida por el Gobierno y sus socios podría invadir las funciones de los tribunales al poder «constituir un ejercicio de la potestad jurisdiccional». La falta de delimitación clara de los delitos amnistiados y la vaguedad de sus plazos lesionarían los principios de seguridad jurídica y la igualdad de todos los ciudadanos protegida por nuestra Carta Magna. La amnistía alentada por Pedro Sánchez podría ser, también, contraria a la armonización y a la efectividad de las normas europeas en lo que atañe a delitos de terrorismo o de corrupción. Un hecho no menor en caso de que la UE tenga que fijar posición al respecto. El dictamen se hace cargo, asimismo, del hecho insólito de que la norma vaya acompañada de una exposición de motivos más larga que el articulado donde, de algún modo, se adelantan argumentos 'ad hoc' que intentan justificar la excepcionalidad de la insólita iniciativa parlamentaria. La comparación entre la aministía del 77, que impugnaba el ordenamiento jurídico de la dictadura, y la norma a cambio de la cual Sánchez adquirió los apoyos de su investidura, también aparece pertinentemente rebatida, toda vez que ambas circunstancias son incomparables. El texto también alude al hecho determinante de que los indultos generales estén expresamente prohibidos por nuestra Constitución.

Este informe no tiene carácter vinculante, pero expresa con claridad la obvia inconstitucionalidad de la norma y desmonta los denodados esfuerzos del Gobierno por intentar ocultar una realidad que resulta imposible de obviar: esta amnistía es un asalto contra la Constitución y contra los principios fundamentales del derecho al estarse redactando de mano de quienes serán sus beneficiarios directos. Como ayer señaló el expresidente Felipe González, se trata de una autoamnistía en la que el legislador abusa de su posición de privilegio para suspender la universal exigencia del cumplimiento de las leyes.

Este dictamen contraviene a otro texto previo, firmado por el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien a todas luces parece haber sido nombrado para facilitar el trámite de la norma. Además de reprobar la actitud del Gobierno, groseramente encarnada en la respuesta que ayer Félix Bolaños dio al informe, debemos celebrar y destacar la valentía de los tres letrados que redactaron el dictamen y que en cumplimiento de la dignidad de su cargo han sido capaces de abstraerse de las presiones y obrar con ejemplar independencia