Los obispos no ven motivos para modificar la ley de libertad religiosa porque «funciona»

Durante su comparecencia al término de la Comisión Permanente, el portavoz de los obispos señaló que la Iglesia está «satisfecha» con el desarrollo de esta norma, que se encuentra en vigor desde 1980 y que ha servido de marco para mantener con los distintos gobiernos «unas relaciones institucionales de colaboración e independencia».

Pese a ello, Gil Tamayo recordó que la decisión de modificarla «no depende de la Iglesia si no del Parlamento» y que la Conferencia Episcopal acatará en cada momento «lo que establezca la legislación».

El secretario general también se refirió a la sentencia del Tribunal Europeo sobre la exención en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) concedida a la Iglesia. El portavoz explicó que la resolución de la justicia europea «no puede elevarse a una categoría de universal», ya que se refiere a «una cuestión prejudicial» planteada por un juez a dicho tribunal a raíz de la petición de una congregación religiosa de eximirse del pago de esta tasa por unas obras realizadas en un colegio de Getafe.

La resolución judicial establece que en el caso concreto de este colegio concertado la exención podría contradecir el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) si las actividades que se realizan en el inmueble son de «carácter económico y no estrictamente religioso». Por ello pide a las autoridades competentes que esclarezca este extremo aunque recuerda que las exenciones prohibidas por esta norma europa superan con creces la que había solicitado el centro educativo y que ascendía a los 24.000 euros. El colegio en su día había desistido de su petición y abonó el impuesto correspondiente.

El secretario general precisó que las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia (ICIO e Impuesto sobre Bienes Inmuebles) se enmarcan en los Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979. En el caso el IBI, el portavoz además recordó que las fundaciones y federaciones deportivas también están eximidas del pago de este impuesto.

El otro frente abierto es la lista solicitada por el PSOE al Ministerio de Justicia sobre los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia. «Para nosotros ha sido una sorpresa. Lo que no se puede es entrar en un clima de desamortización encubierta», adviritió Gil Tamayo, quien recordó que a través de la inmatriculación la Iglesia «tiene un derecho de dominio pero que la propiedad sobre ese inmueble ya existía».