El delito de pasarse con el volumen

La Sala de lo Penal del TS vuelve a dar la razón a los tres vecinos-víctimas del establecimiento -un matrimonio y su hijo- que, asesorados por el abogado experto en la lucha contra el ruido Lluís Gallardo, han batallado quijotescamente para ver reconocido que lo que sufrieron durante años fue una agresión en toda regla.

El abogado Gallardo, al frente de la Asociación Catalana Contra la Contaminación Acústica (ACCA), expresaba ayer a ABC su satisfacción por un fallo que no sólo reconoce la tesis de sus defendidos, sino que se convierte en una poderosa arma para luchar a partir de ahora contra los agresores acústicos. «En algunos casos ha bastado con mencionar la posibilidad de interponer una demanda penal para que el propietario de un pub o bar ruidoso ponga arreglo», explica. «La sentencia del Tribunal Supremo es una advertencia. Poca broma con el ruido, que te juegas la cárcel», añade.

Si el tribunal así lo considera es precisamente el camino de la cárcel el que le espera a María del Carmen Ahijado, la propietaria del pub Donegal, que sin permiso administrativo alguno instaló un sistema de sonido en su local que, de nueve de la mañana a tres de la madrugada «ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica» de los denunciantes, según recoge esta sentencia.

El Supremo, tras repasar el reiterado incumplimiento de la acusada a los requerimientos del Ayuntamiento para que cesara los ruidos, confirma que los excesos acústicos provocaron al matrimonio víctima un «trastorno depresivo ansioso» que requirió tratamiento a base de ansiolíticos. Cinco años después de los hechos, uno de los afectados sigue con tratamiento farmacológico al degenerar su estado en una «fobia acústica».

«Sentencias como esta -insiste el abogado Gallardo- consiguen lo que nuestra asociación y cualquier médico, proclaman, que el ruido puede ser un arma muy eficaz para causar lesiones, como puede ser un cuchillo. La diferencia con una herida física es que esta puede curarse, una herida psíquica tiene una cura más difícil, como demuestra el caso de mis defendidos».

Si las consecuencias para la salud del ruido quedan ampliamente recogidas por la sentencia, la misma es reveladora también del grado de impotencia de los perjudicados ante la ineficacia de la administración municipal. Pese a que las ordenanzas son claras, el matrimonio y su hijo denunciante vivieron un auténtico «vía crucis» burocrático, con una decena de visitas de la de la Guardia, mediciones en su domicilio, denuncias ante el departamento de licencias de su distrito, incumplimientos por parte del pub de los requerimientos del Ayuntamiento, pruebas médicas, nuevas denuncias por incumplimientos del orden de cierre, más mediciones sonométricas... en definitiva, un calvario que no ayudó a sosegar precisamente el estado de nervios que ya de por sí les provocó el ruido.

La perseverancia de los denunciantes sólo ha sido comparable a la persistencia de la denunciada en seguir armando ruido, hasta el punto de llegar a manipular el ecualizador que en el equipo de música le obligó a instalar el Ayuntamiento a modo de limitador, o romper los distintos precintos con el orden de cierre y mantener la actividad.

La interposición de demanda judicial contencioso administrativa por inactividad administrativa con lesión de derechos fundamentales fue sólo el paso previo antes de acudir a la Fiscalía para interponer denuncia penal, la única manera con la que consiguieron que el ruido cesara, y un recurso que los perjudicados por el ruido en toda España empiezan a utilizar con mayor frecuencia.

Cinco años después de empezar todo, María del Carmen Ahijado, dueña del pub Donegal -un nombre ya definitivamente asociado a la lucha por una vida sin ruidos- ha sido finalmente condenada. A las víctimas nada les compensara la tortura sufrida.