Qué es un 'vehículo okupa' y cómo la DGT se deshace de ellos

Estiman que, cada año, aproximadamente 50.000 vehículos son abandonados en las vías públicas y unos 6.000 en talleres, depósitos y aparcamientos públicos. Además, en la actualidad, en España puede haber otros 20.000 vehículos 'olvidados' en recintos tales como aparcamientos de centros comerciales, urbanizaciones privadas, garajes privados, comunidades de vecinos, aparcamientos de hoteles, aeropuertos, hospitales, etc.

Para solucionar este problema la DGT ha publicado una nueva Instrucción para la destrucción y descontaminación de los vehículos abandonados en la vía pública, además de añadir supuestos para los recintos privados, que no estaban contemplados. De hecho, hasta ahora, los propietarios de estos parkings privados debían acudir a la vía judicial y soportar la espera y los trámites de la misma para poder despejar la plaza y que pudiera ser utilizada por otros.

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Así, la nueva instrucción de la DGT da una nueva interpretación al artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por lo que ya no será necesario acudir a la vía civil para retirar esos vehículos okupas, sino que se podrán acoger al nuevo procedimiento administrativo más ágil que la DGT ha dispuesto para el tratamiento, destrucción y descontaminación de los vehículos abandonados.

De hecho, la administración competente puede ordenar el traslado de los coches abandonados a los CAT para su destrucción. En el caso de que el vehículo esté en condiciones para continuar con su uso, la administración podría cambiar su tratamiento residual por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico. Eso sí, no se hará arbitrariamente y sin previo aviso, ya que el titular del vehículo recibirá una notificación con un mes de plazo para que retire el mismo de la zona en la que está antes de su traslado a un CAT.

Aunque también hay otra posibilidad. En el caso de que el vehículo objeto de tratamiento residual por abandono se encuentre aún en condiciones para un uso ordinario, la autoridad competente podrá decidir la sustitución del tratamiento residual del vehículo abandonado por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico, previa autorización del Jefe Provincial de Tráfico.