Así han visto mermados sus derechos las víctimas de accidentes de tráfico

- La cantidad que cobran por día de baja las víctimas de accidentes de tráfico: antes de 1995 se pagaban 10.000 pesetas (60 euros) por día de baja y hoy 25 años después y con la mencionada reforma del 2015 se abona 53 euros por día .

- No pueden tener acceso gratuito a la información de su propio accidente : A día de hoy un accidentado si quiere tener acceso al atestado (Informe policial) que ha realizado la policía municipal en el lugar del accidente, debe pagar por el mismo. Dicho importe varía en cada ayuntamiento, pero puede ir desde los 40 euros a los 300 euros.

Dichos atestados contienen información vital para las víctimas como son los datos de los vehículos, las versiones iniciales de los implicados y testigos recogidos in situ por los agentes, o si los vehículos implicados tienen seguro en vigor y, en su caso, el nombre de la compañía. Esto se complica en los casos donde los heridos son evacuados en ambulancia y no pueden tomar nota de los datos de los responsables de su propio accidente.

De hecho, ANAVA-RC acaba de lograr un pre-acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, por el que las víctimas o sus abogados debidamente autorizados, obtengan gratuitamente un informe de los datos más relevantes del accidente sin tener que pagar tasas y así obtener los datos imprescindibles para la tramitación del siniestro.

El Consistorio Madrileño se ha mostrado muy sensible y receptivo en la protección de las víctimas de accidentes, tomando como modelo el Ayuntamiento de Málaga que ya está dando acceso a los abogados de las víctimas a dichos informes policiales de forma libre. Con dicho convenio se intenta allanar el camino de las víctimas de cara a tramitar sus gastos sanitarios e identificar a la compañía de seguros de los vehículos intervinientes en el siniestro.

- Ahora todos los asuntos se archivan : Con la reforma del Código Penal del año 2015 se produjo la despenalización de las acciones por accidentes, de tal manera que antes las reclamaciones de los lesionados eran gratuitas por la vía penal y ahora, si quieren iniciar un proceso judicial, han de hacerlo por la vía civil y adelantando los gastos de procurador, perito, etc… Durante este período de tiempo (del 2015 al 2019) se consiguió el descenso de los procesos, que es lo que iba buscando la reforma del Código Penal, pero a costa de que miles de víctimas se quedaran sin un procedimiento ágil y gratuito para conseguir sus resarcimientos.

Ahora con la sentencia del TS de 22 de julio de 2020 hay cierta esperanza de que haya más juicios penales ya que se considera un paso adelante para que así se proceda, se mejore la seguridad vial y los jueces de instrucción abran más procedimientos por esta vía penal tras las denuncias de los perjudicados en los accidentes de tráfico.

- Alarmante falta de formación especializada de los médicos forenses : "Como dato curioso señalan que antes de la reforma del 2015 los médicos forenses de las grandes ciudades podían valorar entre 40 y 60 víctimas al mes y desde el 2019 se redujeron entre 1 y 10 al mes. Además, el problema con el que se encuentran los abogados es que un porcentaje muy elevado carece de medios y no disponen de un emplazamiento adecuado. A esto se añade que la formación que reciben los médicos forenses proviene de los cursos y jornadas de las grandes aseguradoras del ramo, dando una imagen de las víctimas y unas pautas interesadas de actuación para las lesiones más numerosas, estadísticamente hablando, que son las que afectan a la columna vertebral".

Ante esta situación las asociaciones de víctimas claman a la Administración que les provea de una formación imparcial y de calidad con conocimientos actualizados en la materia y con medios desarrollados para ejecutarlos. Lo mismo piden para los recién instaurados institutos de Medicina Legal que están derivando en el favorecimiento de las mismas aseguradoras.

Cabe resaltar que los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas son las principales causas de siniestralidad. Según los datos correspondientes a la Memoria 2019 de la Fiscalía de la Seguridad Vial, en 2018 se produjo un incremento muy notable tanto de acusaciones como de las sentencias condenatorias por el delito de conducción bajo la influencia de estas sustancias del art. 379.2 CP, rompiendo la tendencia a la estabilización que se reflejaba en años previos.