Proponen un «billete gris» para el transporte público cuando se active el protocolo anticontaminación

Según la propuesta de esta organización, el “billete gris” se convertiría en un título específico que permitiría a los usuarios que hagan un uso extraordinario del transporte público -como les ocurre a los conductores en episodios de alta contaminación- pagar un importe proporcionalmente directo al que abonan los viajeros habituales. Así, si en Madrid un abono mensual zona A cuesta 54,6 euros, ese billete diario costaría 1,8 euros; es decir, el coste diario del abono.

Este billete, además, contribuiría, según Atuc , a lograr un cambio modal por el que cada vez más gente se decidiría a aparcar sus vehículos y a subirse al transporte público, lo que a su vez reduciría drásticamente los niveles de contaminación. Según sus datos, si el tráfico causa la mitad de las emisiones registradas en los centros urbanos, más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos.

Por otra parte, Atuc considera que el transporte público no debería ser gratuito en los episodios de alta contaminación. La asociación arguye que el precio no es un factor decisivo para aquellos que optan por ir en coche, máxime teniendo en cuenta que los costes de desplazarse en vehículo privado pueden llegar a cuadruplicar a los del desplazamiento en transporte público. Asimismo, argumenta que la gratuidad transmite la idea de que se regala el transporte al que causa el problema, y que no se puede premiar a quienes al día siguiente a una jornada de restricciones al tráfico volverán a coger sus coches.

Atuc defiende que esa gratuidad podría llegar a superar la capacidad máxima del transporte público, que aunque sea capaz de absorber aumentos puntuales de la demanda, podría verse desbordado por la utilización masiva de quienes, por ejemplo, habitualmente se desplazan a pie en los trayectos cortos.

Además, según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “se perdería la percepción de valor que tiene el sistema, por no hablar de que la gratuidad no existe y de que toda la financiación que no pueda conseguirse por medio del pago de tarifas tendría que ser asumida por las administraciones y, en consecuencia, por los impuestos de todos los ciudadanos”.