Bruselas admite a trámite la denuncia de Anfac por el veto al diésel de Baleares

Los fabricantes tomaron a mediados de enero la decisión de llevar al Ejecutivo autonómico ed Baleares ante la Comisión Europea por su proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla la prohibición de que circulen nuevos vehículos diésel en las islas en 2025, y cualquiera impulsado por combustión interna, aunque sean híbridos, a partir de 2035. También han denunciado el el articulado, en avanzada fase de tramitación, ante el Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía y Empresa, al argumentar que inclumple tanto la legislación comunitaria como la nacional.

El texto, aprobado por el Consell autonómico en agosto y pendiente de los últimos trámites parlamentarios, busca transformar las Islas en un territorio alimentado únicamente mediante energías renovables, y libre de emisiones. Anfac califica las medidas del plan de «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas», y asegura que «están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico». La patronal de fabricantes también cree que suponen «un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser «inéditas en toda Europa».

En concreto, argumenta que el proyecto incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al «afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías», afirman en la denuncia. Además, supone un «grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos» para el sector.

La Comisión Europea está facultada para intervenir ante cualquier actuación que afecte negativamente al mercado interior. Además, la Directiva (EU) 2015/1535 obliga a notificar el borrador del Proyecto y a esperar al menos tres meses hasta que la Comisión Europea se pronuncie sobre su contenido. El Gobierno balear no lo ha hecho, incumpliendo la citada Directiva. La Comisión está plenamente facultada para reaccionar frente a esta violación de las normas de la Unión Europea.

Si la Comisión considera que puede existir una violación del derecho de la Unión Europea que justifique la incoación de un procedimiento de infracción, enviará al Estado miembro en cuestión un «escrito de requerimiento», emplazándolo a presentar sus observaciones y podrá decidir enviar un «dictamen motivado» por el que ordene al Estado miembro, en este caso España, que se ajuste al derecho de la Unión Europea en un plazo determinado.

la asociación de concesionarios Faconauto ha anunciado su respaldo a la denuncia de Anfac. A su juicio, la norma «pondrá en serio peligro la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los clientes dejarían de poder adquirir modelos de combustión , que actualmente suponen el 99% de las matriculaciones». En este sentido, Faconauto añade que los concesionarios en Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a 20.000 más de forma indirecta.

Además, Faconauto considera que desde el punto de vista legal, el proyecto de Ley balear invadiría competencias estatales y de la UE, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE. Se trata del denominado marcado «CE», un «pasaporte» para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea . Una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE.

Por ahora, el proyecto legal está teniendo justo el efecto contrario . La venta de coches nuevos solo creció en Baleares un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, del 7%.

El plan del Gobierno de Baleares de prohibir la venta de vehículos diésel en 2025 y de gasolina en 2035 ha chocado también con la oposición frontal de los empresarios . Las principales patronales de la isla han emitido un comunicado conjunto alertando de que la medida, aprobada por el Gobierno regional pero pendiente aún de su aprobación parlamentaria, «restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente y un alto coste para los ciudadanos de Baleares».