Denuncian errores de procedimiento y de señalización en las Zonas de Bajas Emisiones

Un estudio realizado por la asociación Círculo Neutral in Motion (NIM), en la que se incluyen las asociaciones de automoción y vehículos de España más importantes (Aedive, Anesdor, Anfac, Faconauto, Ganvam, Sernauto, entre otros), indica que más de 7,5 millones de los vehículos del parque automovilístico español no tienen etiqueta de la DGT, lo que supone casi el 30 por ciento del total de vehículos que circulan a diario por las calles y carreteras de nuestro país.

Según el RACE la creación de las Zonas de Bajas Emisiones ha afectado o va a afectar a los desplazamientos del 52% de los habitantes (o trabajadores) de ciudades de más de 50.000 empadronados. A un 32% no les afectará en su día a día ya que su forma habitual de desplazamiento estará permitida, mientras que un 11% afirma que quedan fuera de sus viajes diarios.

Pero progresivamente en el tiempo irán entrando en vigor restricciones para los vehículos con etiquetas B y C. Se calcula que la suma de los vehículos que no tienen etiqueta y los que tienen distintivo B, da como resultado que algo más del 60 por ciento del total de los vehículos que conforman el parque automovilístico en España.

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Por tanto, es urgente que se implementen ayudas económicas realistas por parte de las Administraciones para que se produzca una renovación del parque automovilístico español para poder así implementar de manera progresiva, y con medidas que se consideren proporcionales, las Zonas de Bajas Emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, según explica a ABC Vicente Ynzenga, responsable del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting.

Al mismo tiempo, asociaciones de conductores y consumidores piden una moratoria en la aplicación de las medidas restrictivas que permitan que se retiren de forma ordenadas los vehículos más contaminantes dejando paso a los de menores emisiones.

Desde Automovilistas Europeos AsociadosMario Arnaldo explica que «hacen falta medidas efectivas que no contemplen únicamente el paso al coche eléctrico, ya que existen otras alternativas». Se refiere de este modo a la necesidad de incentivos para que los propietarios de los vehículos más antiguos «puedan comprar por ejemplo, un coche seminuevo, que también logra reducir de manera importante las emisiones». El presidente de AEA reconoce la necesidad de luchar contra la contaminación y «proteger la calidad del aire, pero es necesaria una moratoria para que poco a poco se vayan retirando de la circulación los coches más contaminantes y dejando paso a los más limpios».

Según Arnaldo «los ayuntamientos se han apresurado a licitar contratos para la instalación de cámaras para controlar el acceso a las ZBE sin haber estudiado previamente qué zonas necesitan realmente su implantación».

Arnaldo explica además que tras la aceptación por parte de la Unión Europea de las alegaciones de Alemania, permitiendo la venta y circulación de vehículos de combustión que utilicen combustibles sintéticos más allá de 2035 «será necesario modificar la legislación, porque cualquier coche que use estos nuevos combustibles será neutro en emisiones de CO2, por lo que no se podría establecer ninguna restricción a su circulación«. Esto abre la puerta tanto a los vehículos nuevos como a los coches más antiguos, tanto diésel como gasolina, que circulen exclusivamente con e-fuel.

Según Mario Arnaldo «se pretende pasar de la nada al todo. Se ha fijado el límite de habitantes en 50.000 porque así se ha dicho. Hay una gran cantidad de vehículos que no han podido hacer la transición. Tal y como está la situación económica, mucha gente que tenga un coche antiguo no va a comprar uno eléctrico».

Según el Observatorio RACE de Conductores, tras preguntar a más de 1.500 personas acerca de cómo ven y cómo pueden afectarles las Zonas de Bajas Emisiones más de la mitad, en concreto un 54%, atribuye la creación de estas zonas a «agenda e intereses políticos», mientras que sólo el 35% de los encuestados piensan que la motivación real obedece a la mejora del medio ambiente. El resto, un 11%, o bien no tienen clara su respuesta o lo atribuyen a otras razones.

Desde Pyramid Consulting Vicente Ynzenga denuncia demás las irregularidades que están cometiendo las administraciones en la aplicación de las ZBE. «Los varapalos a las Administraciones se van sucediendo, tanto por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, como por los Tribunales Superiores de Justicia, ya que las administraciones están aplicando las Zonas de Bajas Emisiones incurriendo en errores de procedimiento y de señalización«.

Madrid, Barcelona o Gijón son algunas de las localidades más cuestionadas. Entre los recursos ganados por los afectados tras haber sido multados destacan aquellos en los que «las administraciones se limitan a adjuntar una fotografía del vehículo denunciado circulando por el lugar de los hechos, sin que se incorpore ninguna foto de la señal, o croquis de la zona, que acredite la llegada al punto en que se capta la fotografía, o que se ha rebasado una señalización de prohibido el acceso por tratarse de una zona de bajas emisiones». Por tanto, las administraciones no están acreditando debidamente las denuncias, explica Ynzenga.

En los casos concretos tramitados contra conductores, ya desde la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central (ahora Zona de Bajas Emisiones de Distrito Centro), se obtuvieron numerosas sentencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid al considerar que el Ayuntamiento de Madrid no cumplió con el periodo de preaviso establecido en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y que obligaba a informar a los conductores de la entrada en vigor definitiva y del inicio del periodo en el que se comenzaría a sancionar.

«Tales cartas informativas no se enviaron. Igualmente, obtuvimos sentencias estimatorias, al considerar, igualmente, como defendíamos, que no se podía notificar en masa, indiscriminadamente, denuncias a un mismo conductor por cada uno de los accesos sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En estos casos nos encontramos ante una única infracción continuada en el tiempo y, por tanto, ante el desconocimiento del conductor, se debe tramitar como una única sanción y no aprovechar la Administración para iniciar el máximo número de expedientes posibles (con fines claramente recaudatorios), notificando todas las multas a la vez al mismo conductor», explica.