Calefacción, rehabilitación y zonas verdes: la cara B de las Zonas de Bajas Emisiones

Según Sumauto, en España alrededor de 11,5 millones de coches circulan por estas localidades y, de ellos, la medida afectará, como mínimo, a casi cuatro millones de vehículos, que son los que no tienen el distintivo de la DGT. Y es que este distintivo, que categoriza a los vehículos en función de su grado de contaminación, será el que marque la pauta sobre qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no.

Pero más allá de las restricciones de acceso a los considerados vehículos más contaminantes, la Ley de Cambio Climático esconde una cara B, según la cual las entidades locales pueden introducir medidas complementarias dentro del sector de la edificación, medidas para la sustitución de sistemas de calefacción, rehabilitación energética eficiente y fomento de sistemas de climatización sin emisiones.

Noticia Relacionada

GLP y GNC: los combustibles ECO con los que podrás acceder a las ZBE

Patxi Fernández

La principal ventaja de estos combustibles alternativos es su amplia red de repostaje y su tecnología

Además, se podrán incorporar intervenciones en zonas urbanas de carácter adaptativo, como las orientadas a atenuar el efecto de isla de calor o el aumento de zonas verdes urbanas con especies adaptadas, según explican desde Construcción Sostenible.

Así, la norma establece que las entidades locales o Ayuntamientos velarán por disponer de instrumentos que faciliten a las empresas operadoras de servicios de recarga la tramitación y ubicación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, de acceso público dentro y fuera de las ZBE, de modo que se establezca una red mínima de recarga acompasada al crecimiento del parque de vehículos eléctricos.

Además de la normativa española contemplada dentro de al Ley de cambio Climático, el Consejo Europeo ha acordado una serie de estrictas normas para lograr que todos los edificios sean «cero emisiones» en 2050. Los edificios representan más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, por lo que «reducirlas es fundamental para lograr la neutralidad climática en los próximos años». En este contexto, el Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo (orientación general) sobre una propuesta de revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, parte del paquete Fit for 55. Los principales objetivos de la revisión son que los nuevos edificios sean cero emisiones de aquí a 2030 y que todos los edificios existentes se transformen en edificios de cero emisiones de aquí a 2050.

En cuanto a las ZBE que se establecerán en España en este año, estas zonas podrán introducir medidas complementarias para favorecer la migración hacia tecnologías sin emisiones dentro del sector de la edificación. Se podrán desarrollar medidas para la sustitución de sistemas de calefacción hacia alternativas menos emisoras de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Además, se promoverán iniciativas para la rehabilitación energética eficiente y para el fomento de sistemas de climatización sin emisiones.

La norma define unos objetivos concretos y cuantificables en el ámbito de las zonas de bajas emisiones en ciudades, que puedan ser convenientemente monitorizados y evaluados. Además, establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en aspectos clave como la extensión, la delimitación o las condiciones de acceso, aportando seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

Así, el El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones, establece que las ZBE deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, además de promover el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte.

El Gobierno considera que se debe priorizar la movilidad activa mediante el diseño de redes de itinerarios continuos de preferencia peatonal, seguros (actividades en planta baja, visibilidad de ruta e iluminación), accesibles y cómodos para la población en general y para las personas con movilidad reducida o discapacidad y otros grupos de población vulnerables, en particular. «Estos itinerarios deben conectar las principales áreas residenciales, comerciales, de ocio y de servicio público. Por otra parte, las redes de otinerarios de prioridad peatonal deben conectar los principales nodos de la red de transporte público, de tal forma que los itinerarios sean útiles también para realizar las últimas millas de los desplazamientos de mayor distancia en transporte público«, aclara.

Se contempla además la recuperación de espacio para las personas y la limitación de la velocidad, al considerar la velocidad del vehículo como «un elemento clave de la seguridad vial». Así, se recoge que la circulación a menor velocidad reduce el número de accidentes, aumenta la capacidad de reacción y contribuye a la reducción del ruido con beneficios para la salud pública (calidad del sueño, reducción de estrés y ansiedad, capacidad de trabajo, etc.).

El real decreto apunta, como fin último, al cumplimiento con la versión actualizada de las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire, publicadas en 2021, que, basándose en el conocimiento científico disponible, recoge los niveles de calidad del aire recomendados para la protección de la salud pública.

Con respecto a los objetivos de mitigación del cambio climático, las entidades locales deberán definir objetivos para 2030 medibles y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las ZBE, de modo coherente con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en particular, con el objetivo de reducir la utilización del vehículo privado motorizado frente al resto de modos de transporte.

Se prevé que los proyectos de ZBE deban someterse a un período de información pública de 30 días, y se regula el sistema de monitorización y seguimiento, que permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, y el cumplimiento de los objetivos, con el fin de revisar el proyecto en un plazo de tres años desde su establecimiento y, posteriormente, cada cuatro años.