Alarma en las piscinas públicas: se triplican las agresiones a los empleados

Algunos de los afectados están de baja laboral a consecuencia de las lesiones derivadas de los golpes y apedreamientos que les han propinado, como se temían ante la escalada de estos comportamientos y a la masiva afluencia a las piscinas por las olas de calor, así como a la ingesta de alcohol .

Los motivos son las recriminaciones que realizan a los usuarios que pretenden acceder sin la entrada, a los que saltan la valla perimetral, introducen envases de cristal, o a quienes se quieren bañar vestidos : mujeres gitanas. En suma, por incumplir la normativa.

Si las agresiones físicas que padecen los empleados son casos aislados, aunque preocupantes por su gravedad, las verbales en forma de insultos, vejaciones y amenazas hasta de muerte, las padecen a diario. «Es raro que los trabajadores se vayan a casa sin que hayan sufrido algún tipo de violencia verbal», precisó a ABC Antonio Soler, Secretario de Acción Sindical de UGT-Madrid.

San Fermín y Orcasitas (Usera), Moratalaz y La Elipa (Moratalaz), Cerro Almodóvar (Villa de Vallecas), San Blas, Plata y Castañar (Villaverde) y La Mina (Carabanchel) encabezan el listado de piscinas en donde ha habido lesiones. Pero la lista de las conflictivas es más larga y en ella se incluyen también la de Palomeras y Entrevías (Puente de Vallecas) y Aluche (Latina).

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la piscina de Moratalaz, que se lleva la palma en agresiones físicas, junto a la de la San Fermín (Usera). «En Moratalaz un grupo se estaba bañando, era la hora del cierre y no salía del agua. Un compañero les avisó y les dijo que tenían que marcharse. Salieron a regañadientes y en la puerta, el que llevaba la voz cantante, espetó, tan campante: "¿Pegamos a estos?". Dicho y hecho . Seis hombres arrebataron la defensa al vigilante de seguridad y le golpearon en la cara, al igual que a otro operario que estaba recogiendo los cubos de basura», explica un testigo.

«Al vigilante le rompieron la nariz y le reventaron una me jilla; le tuvieron que dar varios puntos de sutura, lo mismo que al otro chaval, aunque este se libró de la fractura. Esto es una brutalidad. No es normal», aseguran varios empleados en la puerta del recinto. Todo ello ocurrió el 5 de julio.

Dos días antes, un empleado de Plata y Castañar fue apedreado al impedir a unos usuarios el acceso sin entrada. El primer episodio ocurrió en San Fermín el 9 de junio, cuando un joven intentó colarse por la puerta principal y, al no conseguirlo, volvió con un sujeto que tenía prohibido entrar por problemático . Se enfrentaron al guardia jurado cuando trató de expulsarlos: recibió varios empujones que provocaron que cayera al suelo, detalló el dirigente ugetista.

Otro de los casos que revelan que las aguas de las piscinas bajan turbulentas sucedió en San Blas el 22 de junio al saltar dos menores la valla. Una empleada acudió a pedirles la entrada y los familiares de los críos, que estaban dentro, se encararon con ella, que acabó herida en el cuello. Tuvo que se atendida por el personal sanitario del centro y derivada a la mutua.

El último incidente sucedió el jueves pasado en La Mina, cuando al vigilante de seguridad le amenazaron con navajas y le dieron empujones, agrega Soler. Nueve de las diez víctimas han denunciando en comisaría los hechos y en el registro de las instalaciones, así contabiliza los casos UGT.

Los agresores son sujetos en riesgo de exclusión o con problemas sociales. Hay chicos de entre 12 a 16 años que, conscientes de su minoría de edad, se envalentonan porque saben que sus conductas no van a ser castigadas . También payos, personas de etnia gitana, jóvenes de bandas latinas y adultos suramericanos. «Hay de todo y las edades alcanzan hasta los 30 o 40 años. El perfil depende del lugar en donde se encuentre la piscina», precisó Soler.

Ante esta situación, los sindicatos exige a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, «que ponga todos los medios a su alcance para proteger al personal municipal de esta violencia».

«El protocolo que se puso en marcha a raíz de la oleada de agresiones de 2010 (18), se incumple. Falta personal, medios de todo tipo, entre ellos walkies-talkies, y más seguridad y presencia de la Policía Municipal en las horas más conflictivas para acabar con la impunidad de los agresores», recalca Soler.

Además, exige que se cumpla el reglamento y que se sustituya la sanción por la prohibición del acceso a las instalaciones municipales: un mes en las infracciones graves y, de uno a cinco años, en las muy graves a los usuarios violentos.