Primer marrón de Carmena: organizar el orgullo gay

Botella no dejó cerrado cómo iban a ser los festejos; el nuevo Ayuntamiento debe decidir entre los vecinos o los gestores de la marcha

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En apenas 15 días, el 1 de julio, comenzarán las fiestas del Orgullo Gay 2015. Pero aún precisan de cerrarse con el Ayuntamiento en algunos de sus extremos. Y no es una cuestión baladí: los festejos, que atraen a la ciudad a cientos de miles de visitantes, son una fuente de problemas para el Gobierno local por los conflictos que todos los años se dan entre los vecinos y los organizadores, y que suelen terminar en los tribunales. Es el primer «marrón» de funcionamiento municipal que le va a tocar resolver a la alcaldesa Manuela Carmena.

A ella y a su concejal de Centro, Jorge García Castaño, que serán los que tengan que lidiar con el problema de situarse al lado de los vecinos o de la organización del Orgullo, ya que el gobierno de Botella ha dejado este asunto sin cerrar para que el nuevo equipo municipal pudiera decidir sobre un tema tan candente.

Los festejos del Orgullo Gay se celebran en Madrid desde hace ya varias décadas, con un éxito creciente pero también con muchos conflictos entre los vecinos y los organizadores. En las últimas ediciones, desde que Ana Botella se hizo cargo de la alcaldía madrileña, se recrudecieron las críticas hacia ella desde los colectivos homosexuales, por considerar que estaba limitando las celebraciones escudándose en la normativa contra el ruido.

Mucho ruido

Pero la ecuación del Orgullo Gay tiene otro elemento: las asociaciones de vecinos, especialmente combativas en la zona de Chueca, y que año tras año exigen al Ayuntamiento realizar mediciones para ver si se superan los índices máximos de ruido permitidos. La ordenanza marca un tope de 45 decibelios en horario nocturno, que puede modificarse o suspenderse con carácter temporal hasta duplicarse –90 decibelios–.

Las denuncias de los vecinos se repiten año tras año, y han llevado al Ayuntamiento a imponer multas a la organización de las fiestas que han ido creciendo: en 2010 fueron de 35.000 euros, en 2011, de 50.000, en 2012 de 42.000, y en 2013 de 160.000. Los organizadores protestan por las mediciones, que consideran injustas porque no todo el ruido proviene de los festejos.

El enfrentamiento entre ambas partes ha sido tal que incluso se llegó, en 2011, al peregrino sistema de celebrar conciertos con auriculares. Una solución que, como marcaba la lógica, se abandonó al año siguiente.