Parla paga en recogida de basuras el doble que la media nacional

Según los auditores públicos, el Consistorio que presidió el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, desde 1999 hasta que en 2008 le sucedió su edil de Hacienda, José María Fraile, llegó a deber hasta 80 millones de euros al contratista, lo que supone 4,35 veces el importe del contrato adjudicado en septiembre de 2006. Esta deuda requirió la aprobación de un calendario de pagos que prologaba los plazos hasta el mes de julio de 2023, dado que en el momento de su rescisión sólo se había liquidado la facturación de 12 meses de los 59 que estuvo en vigor.

El gasto por habitante de acuerdo con los importes facturados en 2010 asciende a 114,80 euros y a 99,25 en 2011. Sin embargo, el órgano fiscalizador establece que imputando las regularizaciones de precios y los incrementos de las bases imponibles debidamente registradas aumentarían a 129,50 euros en 2010 y a 108,91 en 2011. Ambos importes resultantes del análisis real de las cifras son superiores a los de la media nacional de 66,77 euros por habitante, que es la ratio extraída del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011 y que comprende municipios de todo el territorio nacional.

A la contundencia de las cifras, el informe añade que el Ayuntamiento de Parla adjudicó a través del contrato de limpieza viaria varias prestaciones sin cumplir el procedimiento que establece la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y de Haciendas Locales. Además, estableció un plazo de pago superior al que marca ley y sin la suficiente previsión de ingresos para poder financiarlo, lo que ocasionó un grave perjuicio patrimonial al Ayuntamiento hasta el punto de acumular una deuda de 80 millones de euros.

Para explicar este encarecimiento, los auditores aportan una serie de revelaciones que comienzan cuando el Consistorio adjudicó el concurso para la gestión de estos servicios en septiembre de 2006 por 18.052.000 euros anuales para un periodo de 10 años, de los que 9.595.000 euros correspondían a la limpieza viaria, 3.241.000 euros a conservación y mantenimiento de zonas verdes, otros 4.839.000 euros a recogida y mantenimiento de contenedores soterrados y 377.000 a la gestión de puntos limpios.

La adjudicataria incluyó en su oferta una serie de mejoras que el Consistorio incluyó «de forma incorrecta» con la clasificación de «mejoras generales», y que permitían en el proceso de selección de la oferta más ventajosa obtener hasta 20 puntos más, valoración que sólo una empresa obtuvo en la primera fase de selección de los 60 puntos necesarios.

Las mejoras adicionales consistían en la construcción de una nave y un parque de maquinaria para usos municipales por 25 millones, así como el acondicionamiento del parque de las Comunidades de España y el de Parla Este, con unos costes de 6,9 millones y 3.806 euros, respectivamente. Pero, la primera de estas mejoras no se llegó a realizar.

De hecho, ni siquiera tenía relación con el objeto del contrato por lo que debería haber sido otro independiente.