La Fiscalía del Supremo no ve delito en el cobro de dietas de Yolanda Barcina

Según este escrito, n o ve «indicios razonables» de que haya delito de cohecho impropio ya que «no puede considerarse que se cobraran sin contraprestación alguna. Las cobró por asistir a reuniones por el cargo público que ostentaba». Según Narváez, existe jurisprudencia según la cual las cajas de ahorros son entidades privadas y los cargos públicos que acceden a sus consejos de administración desarrollan allí una labor privada, no pública.

El fiscal del Supremo, como ya hizo el de Navarra, alude a la sentencia absolutoria del caso de los trajes de Camps para llegar a estas conclusiones. Según este escrito, Caja Navarra no tenía posibilidad de elegir los cargos ya que se asumían de forma automática a raíz de sus cargos públicos. A este mismo caso, pero al auto que permitió juzgar al expresidente de la Comunidad Valenciana se refiere la juez Mari Paz Benito para pedir en su exposición razonada que se llame a declarar a Yolanda Barcina en calidad de imputada.

Igual que con Yolanda Barcina, Narváez también rechaza investigar a los cuatro imputados por este caso, el expresidente Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el exconsejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y el exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, que ya declararon en este condición en la Audiencia Provincial de Navarra, al tratarse de cargos que no tenían la condición de aforados.

Las conclusiones a las que llega el teniente fiscal del Tribunal Supremo coinciden con las de la Fiscalía de Navarra, lo cual es contrario al criterio de la juez navarra Mari Paz Benito, por lo que ahora tendrán que ser los cinco magistrados del Supremo quienes dictaminen si continúan las investigaciones o archivan el caso. Esta decisión se tomará bien en los 13 días que quedan del mes de julio o bien ya en septiembre.