El «caso Barcina» llega al Supremo

En dicho documento, la juez Navarra afirma que los cargos políticos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra cobraron dietas «carentes de justificación» en un órgano que no tenía «soporte estatuario», y pide al Supremo que estudie la posible implicación de Barcina en estos hechos, dada su condición de aforada ante este órgano . Se le imputa indiciariamente un delito de cohecho impropio .

En su exposición razonada, la juez de Navarra pide al Supremo que valore la pertinencia de tomar declaración como imputada a Barcina, quien formó parte de la Comisión Permanente junto con otros tres cargos políticos: el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya , y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda . Los tres ya habían sido imputados por la juez de Pamplona. El documento que ya obra en poder del Supremo señala, igualmente, que la previsión que se hace en los estatutos de la Caja respecto a la celebración de estas reuniones es «nula» y señala que «en modo alguno da a entender que pueda existir un órgano distinto o una forma de trabajo diferente a la prevista».

«Debe tenerse en cuenta que en relación a los órganos de gobierno de la entidad, sí existen comisiones o comités, pero todos ellos están previstos, al menos de un modo genérico, en los estatutos», añade. La juez considera que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito de cohecho» y señala que los miembros de la Permanente formaban este órgano «sólo por su función en la institución pública que representan y consecuentemente reciben las dietas correspondientes».

La exposición razonada añade que «el hecho de que hayan recibido esas cantidades carentes de justificación de Caja Navarra compromete o puede comprometer su imparcialidad en cuanto a la actuación que hubieran podido llevar a cabo en relación a la entidad, teniendo en cuenta que se trata de las entidades fundadoras y que al Gobierno de Navarra corresponde el protectorado público de la entidad».