El alcalde de Leiza propone una consulta popular sobre la presencia de la Guardia Civil

La petición ha surgido después de que la presidenta navarra defendiera en el Parlamento de Navarra que el Ejecutivo que encabeza «cumple» con la voluntad del donante de la Casa Maxurrenea de Leiza, inmueble que acoge actualmente la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Barcina criticó que quienes «no quieren que esté» la Benemérita en el municipio cuestionen este contrato de arrendamiento.

Por su parte, el alcalde de Leiza destacó que «Bildu se presentó en Leiza con un programa de actuación claro y, entre otros, se preveía la necesidad de trabajar para la reversión de Maxurrenea al pueblo de Leiza».

En este tema, según indicó el alcalde a través de un comunicado de Bildu, «el Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido desarrollar un mandato claro popular en relación a Maxurrenea y ha sido UPN quien, con su actuación, ha impuesto un proyecto que no quiere la ciudadanía de nuestra localidad, ni el propio Ayuntamiento, como ya lo ha acordado en varias ocasiones».

«Desde el Ayuntamiento de Leitza estamos dispuestos a iniciar el camino de dar la palabra a los vecinos», ha asegurado el alcalde, que ha instado a Barcina y a UPN a que «siga el mismo camino sin ninguna dilación».

La presidenta del Gobierno de Navarra señaló en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Foral, a petición del parlamentario de Aralar Patxi Zabaleta, que la moción aprobada por el Parlamento para que la casa de Maxurrenea de Leiza deje de albergar el cuartel de la Guardia Civil es «imposible de cumplir», al menos de momento.

Zabaleta acusa al Gobierno de no hacer caso al acuerdo parlamentario, que instaba al Gobierno a «dar cumplimiento al mandato fundacional , a fin de que, a la mayor brevedad, la casa Maxurrenea pueda ser dedicada a actividades sociales y/o culturales». Barcina señaló que los fines por los que fue donado el edificio se cumplen al dedicar a la mejora de las edificaciones educacionales de Leitza el montante del arrendamiento como casa cuartel.

El arrendamiento se renovó por otros 10 años el pasado 1 de octubre, por un precio de 25.469,30 euros anuales, más el IVA, dado el «interés público» de la presencia de la Guardia Civil y en el marco de las competencias del Gobierno. «Nuestra responsabilidad es con toda la sociedad y con todos los valores necesarios para mantener la seguridad y libertad », sostuvo la presidenta, quien precisó que ambos, la seguridad y la libertad, son de incidencia supramunicipal e incluso supraautonómica.

La presidenta ha instado al Ayuntamiento de Leitza a buscar otro emplazamiento para la Guardia Civil, ya que a su juicio sería una forma de demostrar que la “comprensible” pretensión de dar al edificio unos usos culturales no oculta la pretensión de expulsar a la Guardia Civil. Barcina recriminó a partidos como Bildu o Aralar que respetan el marco jurídico cuando les viene bien. «Y eso se llama ser dictador» , apuntó.