La vicealcaldesa acudió al edil Borrás para fingir una trama sobre la obra de su chalé

El sumario del caso que investiga la red de Gao Ping no deja lugar a dudas. Durante varias semanas la Policía tuvo pinchados los teléfonos del edil Borrás, que poco después tuvo que dimitir tras ser imputado por sus relaciones con este empresario chino. Gracias a estos pinchazos, los agentes encargados de la investigación descubrieron el ardid de la «número dos» del Gobierno de Manuel Robles para evitar que la información publicada por ABC sobre la reforma de su casa pudiera salpicarle y fuera acusada de malversación de fondos públicos.

Las primeras líneas del sumario, al que ha tenido acceso este periódico, son bastante elocuentes: «A través estas conversaciones —apunta el informe policial— se deduciría cómo Borrás intentaría de manera ilícita cubrir las acciones de Teresa, así como evitar las consecuencias de las mismas, elaborando una trama ficticia que no tiene nada que ver con lo ocurrido con la realidad».

Todo comenzó el 29 de mayo de 2012 cuando unos vecinos alertaron a unos concejales del PP de que unos operarios municipales estaban realizando una obra en la vivienda unifamiliar de la vicealcaldesa que, además, es responsable de la Concejalía de Obras Públicas. Los ediles populares acudieron de inmediato a la vivienda de Fernández y llamaron a la Policía para que hicieran un informe que constatara que era un operario del Ayuntamiento quien estaba realizando los trabajados y que, además, estaba utilizando material y maquinaria propiedad del Consistorio.

Según se recoge en el sumario, Teresa Fernández se enteró a los pocos minutos de la presencia de los dos ediles del PP y es entonces cuando acude al concejal de Seguridad para que le ayude a diseñar una trama que le permita eludir responsabilidades.

El informe policial recoge más de una veintena de conversaciones telefónicas de Borras con la vicealcaldesa y otros miembros del Ayuntamiento que, al final, también se vieron implicados en la trama. Las llamadas se realizaron entre el 29 de mayo (cuando los concejales del PP acuden a la vivienda) y el 1 de junio (cuando ABC destapa la información).

En las primeras conversaciones, un hombre (no identificado en el informe) se pone en contacto con Borrás para decirle que va a ser difícil falsear el informe. «No hay por dónde escaparse», le comenta. Borrás había pensado justificar la obra en una fuga de agua que estaba afectando a otros vecinos, pero su interlocutor le disuade: «Hay un reportaje fotográfico con los trabajos que estaban haciendo. Nada de salidas de agua, ni nada por el estilo: estaban enfoscando...».

Las escuchas a José Borrás reflejan cómo el exedil de Seguridad también urdió un segundo informe policial para maquillar los hechos, según el escrito, con el conocimiento del jefe de la Policía y el alcalde. «Lo ha hecho el jefe de Policía —dice Borrás— a efectos de información;es confidencial a nivel interno».

Además, el informe de las escuchas detalla cómo Borrás aconseja a Teresa Fernández «librarse de la acusación de malversación» con la emisión de facturas falsas a empresas ficticias: «Una solución —dice— es hacer una factura con la empresa que sea. A partir de ahí, que los ha contratado quien sea y derivarlo a los otros, como una falta en el trabajo y que se busque una factura donde sea, que se ha pagado a la empresa y que han contratado a quien le ha dado la gana».

Durante los días en los que se desarrolla esta trama, Borrás se niega a recibir a los dos ediles del PP que acuden a su despacho para reclamar las diligencias del caso. Además, también queda reflejado cómo Teresa Fernández intentó que Urbanismo también se responsabilizara de la decisión de ejecutar las obras de su casa con la excusa de podían afectar a otros vecinos.

Finalmente, Borrás narra en una conversación cómo Fernández logró que el operario municipal, Victoriano Aguado, «se comiera todo el marrón» y testificara ante el juez que la decisión de acometer la obra con funcionarios fue suya. «¿A cambio de qué?», se pregunta el exedil.