Piden la imputación del jefe de la Policía Municipal por falsedad documental

En su día ya pidieron al juez encargado del caso, el titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, su imputación, pero ahora, mediante un escrito, indican que «aportan nuevos datos para que se le cite a declarar».

Así, en cuanto al delito de falsedad en documento público, Manos Limpias sostiene que, con fecha de 7 de noviembre de 2012, Monteagudo elaboró un informe que presentó a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y ésta a los medios de comunicación.

En él, el inspector jefe manifiesta, según la acusación popular, que los efectivos policiales destacados en el Madrid Arena el día de la tragedia eran 30 policías y dos oficiales.

Según Manos Limpias, dicho informe es falso, «toda vez que el 12 de noviembre, la oficial del distrito de Moncloa elaboró otro escrito en donde aludía a 14 efectivos, y además, «itinerantes», es decir, que no estaban permanentemente en la Casa de Campo.

Dichos informes no figuran en el sumario, por lo que la acusación popular entiende que deben incorporarse al mismo.

Además, agrega que el 6 de noviembre el inspector de la Policía, Gerardo del Rey, volvió a falsear, supuestamente, otro informe bajo las órdenes de Monteagudo. En él, se cambiaba el riesgo de nivel medio del evento del Madrid Arena a nivel alto, con el fin de «que se viera que se habían adoptado las medidas adecuadas al riesgo del acontecimiento.

De haberse previsto el nivel alto, se hubiera tenido que enviar las unidades especiales, las UCES, un hecho que no se produjo.

En cuanto a su responsabilidad en los presuntos homicidios imprudentes, Manos Limpias entiende que «no veló por el cumplimiento de la ley antibotellón ni por la prohibición de su venta en edificios municipales», aludiendo al pabellón del Madrid Arena y a la presencia de menores en el exterior y en el interior ingiriendo alcohol.

Además, en su escrito de acusación, el sindicato dice que «la Policía Municipal está obligada a controlar las instalaciones municipales, un extremo que no se hizo en este caso».

Por otro lado, alude a una circular del ayuntamiento, en donde se obliga a los agentes «a tener especial diligencia en la protección de menores y no se efectuó».

Asimismo, recuerdan que la Ley de Seguridad Privada establece que las empresas de seguridad son complementarias y dependen, en este caso, de la Policía Municipal; es decir, que las primeras son colaboradoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, aluden a la «irresponsabilidad» de Monteagudo, al manifestar durante la comisión de investigación municipal que «ni con 1.800 Policías se podía haber evitado la tragedia».