Leganés, en el ojo del huracán

En noviembre, el Ayuntamiento decidió suspender cautelarmente de empleo y sueldo a la cúpula de la Policía Local, cuatro funcionarios, entre ellos el jefe del Cuerpo. El Gobierno aludió a delitos de prevaricación, malversación y coacciones de estas personas tras detectar irregularidades en una oposición para la plaza de Policía Local. Posteriormente, en la tarde del 28 de diciembre, viernes, el Ayuntamiento informó del despido de 39 trabajadores interinos, por sorpresa, para paliar el déficit de cinco millones de euros. Decenas de funcionarios pasaron parte de las fiestas navideñas encerrados en el Consistorio para protestar por la medida y la incertidumbre de quién estaría sin trabajo pasada la Navidad. La crispación social de los afectados estaba servida.

El equipo de Gobierno ha recibido amenazas durante este tiempo a través de pintadas, huevazos en la fachada de la Casa Consistorial, rayazos en los coches de los concejales, insultos e incluso pintadas en el colegio de la hija del responsable de Seguridad. En medio de este caldeado ambiente, el 9 de enero se anunció la preparación de la moción y este pasado sábado, el Ayuntamiento ha puesto la guinda al pastel informando de que Leganés será el punto de partida de la última etapa de la Vuelta Ciclista el próximo 15 de septiembre.

«El alcalde ha entrado en un bucle de locura y delirio en su gestión. Su discurso es contradictorio. Las cuentas están mal, pero no se ha realizado ninguna auditoría. Echa a gente, pero realiza nuevas contrataciones y sube sueldos. En cuanto a la Vuelta costará un dinero», manifiesta Carlos Delgado, presidente de ULEG. Delgado ha propuesto la moción, pero ha puesto sobre la mesa que él deberá ser el alcalde «por ser el partido que más número de votos aumentó» en las elecciones de 2011.

Este hecho no convence al PSOE. «No sería lo lógico. Esto no puede convertirse en un lo tomas o lo dejas si realmente te preocupa la ciudad y sus vecinos», apuntan fuentes del partido. El exalcalde y portavoz del Grupo municipal Socialista, Rafael Gómez Montoya, detalla que su partido propone «acordar un documento programático». «Es más importante coincidir en qué queremos para la ciudad antes que decidir quiénes se hacen responsables políticos de llevar a cabo esa propuesta. Hemos ofrecido para ello a cualquiera de nuestros 8 ediles».

El pulso político se mantiene. El alcalde, Jesús Gómez, intentó pactar con ULEG la readmisión de los 39 interinos despedidos si el partido independiente le daba los cuatro votos necesarios para incluir Leganés en la Sociedad de Gestión del Canal de Isabel II, algo que reportaría a las arcas municipales, según el regidor, 18 millones de euros. ULEG lo desestimó y criticó que «mercadeara» con las contrataciones –de entre 35.000 y 45.000 euros anuales, según el Ayuntamiento–.

A juicio de Jesús Gómez «no hay motivos ni justificación más que la ambición para la moción de censura». Dice el primer edil de Leganés que la oposición está empujando «al abismo» al municipio. En respuesta a los ataques, Gómez ha informado de que la Vuelta costará 20.000 euros, «como mucho», a los leganenses. El resto se ha costeado con patrocinadores. En cuanto a los despidos, el convenio con el Canal «sería una forma de paliar el déficit y poder readmitir a la gente». «Es una frivolidad y una insensatez no esperar al veredicto de las urnas», concluyó. El volcán se ha despertado. La erupción aún está por ver.