«Cuando todos lo sabían, a las familias les decían que estaban desaparecidos»

Manuel y Pilar, los padres de Manuel Manteca , se han enterado por el telediario de la noche que el retén de Cogolludo está «desaparecido» . Es el retén de su hijo. Tras el «shock» inicial, cogen el coche y salen desde Marchamalo a Santa María del Espino. Antes de llegar, a la altura de Luzón, se cruzan con un Land Rover de Tragsa, la empresa que ha contratado a su Manuel. La pregunta es directa: «¿Están vivos o muertos?». La respuesta, igual de contundente: «Se habla de muertos» .

Desolado, el matrimonio parte hacia Alcolea del Pinar, donde hace un rato que han hecho acto de presencia los socialistas María Teresa Fernández de la Vega y José María Barreda , vicepresidenta del Gobierno de Zapatero y presidente de Castilla-La Mancha, respectivamente. Los vecinos les han puesto a caldo, gritándoles a la cara la falta de medios . Los Manteca se aferran a una última esperanza y preguntan otra vez por el retén de Cogolludo. Algunos paisanos les confirman lo que es un secreto a voces y les revelan que están citando a las familias en el hotel AC de Guadalajara.

Allí llegaran bien entrada la madrugada, pero hasta la una de la tarde del lunes 18 la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo , no da el nombre de los fallecidos. Este recorrido lo recoge el periodista Roberto Mangas en su libro «El incendio de Guadalajara». «Cuando todo el mundo lo sabía, a las familias les seguían diciendo que estaban desaparecidos. Eso fue lo peor que pudo hacer la Junta y ahí, con el desprecio a la víctimas, se empieza a politizar el tema», cuenta Mangas. «Nos estuvieron mareando toda la santa noche», confirman Carmen Clara Martínez y Miguel Solano, abogados de ocho de las once familias de los fallecidos, además de tíos de Luis Solano .

Ocho de las once familias formaron una asociación y ejercieron de acusación particular. Se embarcaron en una causa penal contra los que piensan que son los verdaderos responsables de la muerte de sus familiares: los técnicos de extinción y cargos políticos, desde alcaldes a consejeros. De las otras tres familias, la de José Ródenas ejerció acusación aparte; mientras que las de Pedro Almansilla (coordinador del retén de Cogolludo) y Marcos Martínez se mantuvieron al margen del proceso.

Se da la circunstancia de que la madre de Marcos es María Ángeles García , delegada provincial de Educación en el momento del suceso y, años más tarde, consejera de Educación con el último Gobierno de Barreda. Para terminar de enredar el asunto, el padre de Luis, Felipe Solano , había sido presidente de Alianza Popular en Guadalajara entre 1977 y 1981, además de diputado regional. « El tema venía tocado políticamente desde el minuto uno », dice Miguel Solano. «Pero Felipe llevaba años retirado de la política, eso no tuvo que ver», apunta su mujer Carmen Clara. Mangas aporta su punto de vista: «No hay intención, pero al utilizar el tema del incendio como arma arrojadiza, ‘per se’ se está usando políticamente. Y se hace por parte de los dos partidos (PSOE y PP)».

Los abogados de las familias van más allá y revelan que «a los dos días de ocurrir el suceso, el señor (Jesús) Alique , alcalde (socialista) entonces de Guadalajara, se paseó con el coche oficial por los ayuntamientos de la zona del incendio dando instrucciones de lo que había que declarar ».

Fuera como fuese, tres días despúes de las once muertes se celebra en la iglesia de San Ginés de Guadalajara el primero de los funerales a las víctimas y dos días más tarde se oficia un funeral de Estado en la iglesia de San Francisco, también en Guadalajara, y al que acuden los príncipes de Asturias. En ninguno de los dos aparece Barreda , que no ha querido dar su versión de los hechos a ABC.

A las pocas semanas, en agosto de 2005, se constituye una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha. «Las conclusiones estaban claras desde el principio», afirma Ana Guarinos, en aquel entonces portavoz del PP en las Cortes y ahora vicepresidenta de la Diputación de Guadalajara. Los abogados de las familias secundan las palabras de Guarinos. Mangas también: «En las comisiones de investigación siempre va a salir lo que diga el partido mayoritario».

El periodista apunta otra actuación sospechosa de la Junta: «Para evitar que la gente hablara, el 1 de septiembre de ese año se estaban pagando indemnizaciones (a los agricultores y ganaderos afectados por el fuego), cuando estos procesos de la administración pueden durar varios años». Esta versión no ha podido ser confirmada al no haber querido hablar ninguna fuente socialista.

Lo que sí está claro es que las familias quedaron en concentrarse el día 17 de cada mes frente a las puertas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente (hasta 2010 se personaron frente al edificio) y organizaron por sí solos la manifestación más multitudinaria que jamás ha visto la capital alcarreña, unas 10.000 personas.

Al año siguiente, Barreda quiso entregarles la medalla de oro de la región, pero solo dos familias la aceptaron. Seis años después, la presidenta regional María Dolores Cospedal les entregaba de nuevo las medallas, y esta vez, se presentaron seis. Un año más tarde, en 2013, se aprobó la Ley de Caso Único que determinaba que la Junta debía indemnizar a las familias con cantidades entre los 42.701,5 hasta los 102.483,64 euros, según el grado de parentesco. «Solo queríamos que se reconociera que las cosas no se habían hecho bien y que nos pidieran perdón por el trato. Hubiera sido diferente si desde el primer momento hubieran pedido perdón, hubieran dicho que había sido un desastre y vamos a solucionar esto. Pero no lo hicieron».