«Podrían haber ardido 30.000 hectáreas y no haber ningún muerto»

Marcelino H. S. , encargado de la barbacoa, «actuó sin adoptar las más elementales medidas de precaución para prevenir y evitar la propagación del fuego», y sobre las 14.40 horas una pavesa cayó sobre hierba seca y fina que había en las inmediaciones, tal y como se explica en la sentencia dictada el 9 de julio de 2012 por la Audiencia Provincial de Guadalajara. Las extremas condiciones metereológicas (la llamada « teoría de los 30 »: más de 30 grados, menos del 30 por ciento de humedad y un viento de más de 30 kilómetros por hora) hicieron que el fuego enseguida alcanzase el cercano campo de cereal recién cosechado y, de ahí, a los pinares del ducado de Medinaceli.

«Nos encontramos con temperaturas muy altas: 35 grados en las horas centrales del día. Puede que no parezca mucho, pero para una zona que está a 1.000 metros de altitud es brutal. Y por la noche no bajaba de los 15», cuenta Raúl Antón , delegado de Satif (Sindicato Autonómo de Incendios Forestales), que aquellos días participó en la extinción. Todo esto, sumado a que se había vivido el año más seco recordado y que el monte no estaba en su estado óptimo de limpieza, desencadenó la catástrofe.

La legislación de entonces permitía hacer barbacoas. Pero también «la norma permitía que se hubiese prohibido habida cuenta de las condiciones», afirman Miguel Solano y Carmen Clara Martínez , abogados de ocho de las once familias de los miembros del retén de Cogolludo, que fallecieron un día después atrapados por el fuego.

En las primeras horas del incendio se quemaron casi 6.000 hectáreas. Durante este tiempo, se emplearon media docena de retenes, dos patrullas y dos dotaciones de bomberos. Y el apoyo de dos aviones de carga en tierra, un hidroavión, un avión de coordinación, tres helicópteros y tres máquinas pesadas. Cuatro días después, con el incendio controlado, había 19 máquinas pesadas, 25 retenes de tierra y otros cinco helitransportados, cuatro patrullas, dos dotaciones de bomberos, dos cisternas de combustible, dos de agua, ocho helicópteros, cuatro aviones de carga en tierra, seis hidroaviones y uno de coordinación. «Desde el primer momento hasta el final, todo fue un desastre. Lo único claro es que de nada valían once chavales con batefuegos y 15 litros de agua a las espaldas», critican los abogados de las familias.

Entre los principales errores , enumeran que no se montase un puesto de mando avanzado, la descordinación entre los técnicos de extinción y que no se elevase el nivel de emergencia a dos hasta que no hubo muertes. « Hubo una movilización tardía de medios y un abordaje absolutamente ineficaz », añaden. En Riba de Saelices no piensan lo mismo. «Echaban agua desde el helicóptero y no llegaba al suelo, se evaporaba antes», dice Ángel Tenorio, vigía de la zona desde hace 20 años, coincidiendo con lo que piensan muchos de sus paisanos: que no se podía hacer más de lo que se hizo.

A pesar de la gravedad del incendio, al retén de Cogolludo no se le movilizó hasta las 15.00 del domingo 17 de julio. De hecho, como nadie les dijo lo contrario, por la mañana estuvieron trabajando en el campo a más de 40 grados. Agotados y sin comer , les citaron en una hora (a las 16.00) en Santa María del Espino, donde les esperaba el agente medio ambiental y coordinador del grupo, Pedro Almansilla . También movilizaron a Jesús Abad , de Arcos de Jalón (Soria), que acudió con su camión autobomba.

Prácticamente a la misma hora, el conductor de uno de los helicópteros que sobrevolaba el valle de los Milagros comunicó por la emisora que lo mejor era abandonar esta zona por la virulencia del fuego . La recomendación no llegó al retén de Cogolludo, que entró en el cerro del Otero, donde sobre las 17.30 fueron atrapados por las llamas. Fallecieron todos a excepción de Abad , que se salvó gracias a que se quedó rezagado y al agua que le cayó del camión en el que se refugió.

«El que origina el incendio es Marcelino, el encargado de la barbacoa, porque no está atento. Pero podrían haberse quemado 30.000 hectáreas y no haber habido ningún muerto », afirman los abogados de las familias. « ¿Eran evitables las muertes? Sí, y por eso se pidieron muchas responsabilidades. En el fondo alguien es responsable de que haya gente trabajando en estas condiciones», insiste Antón.

El único superviviente, que ha declinado hacer declaraciones, avisó de lo ocurrido al servicio de emergencias 112 y en la Junta de Castilla-La Mancha ya sabían que había muertos pasadas las seis de la tarde. Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, quien también ha rehusado atender a ABC, no se lo comunicó a las familias hasta pasado el mediodía del día siguiente. «Ese desprecio fue lo que levantó a las familias en pie de guerra», dice Roberto Mangas , periodista que cubrió el suceso para «El Mundo» y que en 2006 publicó el libro «El incendio de Guadalajara».

El fuego fue controlado el 21 de julio y extinguido el 2 de agosto . Las llamas afectaron a los términos municipales de once pueblos y dos pedanías. Los vecinos de Santa María del Espino, Villarejo de Mediana, Ciruelos del Pinar, Luzón, Mazarete y Cobeta tuvieron que ser desalojados. La superficie carbonizada fue de 12.874,68 hectáreas , parte de ellas del parque natural del Alto Tajo. Cuando se apagaron las llamas, empezó la lucha de las familias de los fallecidos por conocer la verdad de lo ocurrido. El proceso judicial no acabó hasta 2013.