Los imputados en el caso de la cuñada de Silva responsabilizan a la empresa de los contratos

En una conversación telefónica en los pasillos de los juzgados tras declarar ayer ante la juez, la familiar de la número dos del gobierno de Abel Caballero compartía además con su interlocutor el «buen trato» dispensado por la magistrada y la fiscal , al tiempo que se mostraba extrañada por el poco rato que estuvo declarando, apenas 20 minutos. Y es que la juez optó por grabar las declaraciones en lugar de transcribirlas, dado lo «farragoso» del asunto, según fuentes judiciales.

En concreto se investiga si Falque fue beneficiaria de un contrato ficticio en la antigua adjudicataria de los centros cívicos (Imesapi), en la que los cuatro imputados descargaron toda la responsabilidad sobre las contrataciones. Tanto la familiar de Silva como el actual interventor municipal , Luis García, su predecesor , Juan Ramón González Carnero, y el jefe de servicio de empleo en el Ayuntamiento vigués , Francisco Gutiérrez Orúe, negaron a la magistrada y la fiscal su implicación en práctica ilegal alguna. Imputada la primera por un supuesto delito de tráfico de influencias y los tres altos funcionarios por posible prevaricación administrativa rechazaron contestar las preguntas del abogado de Xuntos.

Fue precisamente la denuncia de esta plataforma, que mantiene que la cuñada de Silva estuvo cinco años en nómina pese a haber trabajado solo tres meses , la que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación, detectando posibles indicios de trato de favor en su contratación. Las pruebas policiales practicadas, así como la documentación recabada en el Concello y la concesionaria y los testimonios recogidos fueron suficientes para que la juez —coincide que es la instructora de la «operación Patos»— admitiera a trámite la denuncia del Ministerio Público.

El portavoz de Xuntos, Carlos Armada, tras advertir que el caso de Falque «es solo la punta del iceberg de la red clientelar tejida desde el Ayuntamiento» , avanzó este viernes que solicitarán que testifiquen trabajadores de Imesapi, el jefe de personal de la firma y los concejales David Regades, Santos Héctor y la propia Carmela Silva. Por su parte, el alcalde de Vigo recurría a su habitual «nada que decir» preguntado por la prensa sobre el asunto.