La marea negra que se tiñó de blanco

El «Prestige», cargado hasta los topes de fuelóleo —un combustible que pronto se transformó en una sustancia viscosa y espesa a pie de playa— estaba a punto de convertirse en una de las mayores pesadillas medioambientales de toda España. Una catástrofe de 4.300 millones de euros que, hasta el momento y pese al juicio celebrado hace dos años, nadie ha pagado . Sus daños en los arenales gallegos son hoy tan sólo un mal recuerdo.

El barco, de registro griego pero con bandera de las Bahamas, había zarpado de San Petersburgo con dirección a Gibraltar. Los problemas empezaron cuando llegó a la Costa da Morte, precisamente la zona más dañada por esa marea negra de chapapote pese a las órdenes directas de las autoridades españolas para alejar el buque de Galicia . De hecho, su capitán, Apostolos Mangouras, fue acusado de desobediencia —detención de por medio en el aeropuerto de La Coruña— desde un primer momento, el único delito por el que once años después resultó condenado. El griego recibió la sentencia a los 77 años.

Con 67 y una experiencia a sus espaldas de casi medio siglo, comandó el último viaje de la «chatarra flotante» —en palabras de Alberto Núñez Feijóo— que abandonó, como buen capitán, el último. Porque pese a que la mayor parte de la tripulación fue rescatada el día del accidente, Mangouras, su primer oficial, Ireneo Maloto y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, aguantaron en el barco dos días más. En un mar embravecido, los intentos de remolcar el buque y alejarlo de la costa se convertían cada día en un odisea. El agónico recorrido del «Prestige» tocó a su fin a primera hora de la mañana del 19 de noviembre de 2002, cuando las incipientes consecuencias del desastre ya habían varado en las playas de Finisterre. Muxía se convertía en la «zona cero ».

Los peores efectos estaban todavía por llegar. Cuando el petrolero se partió en dos cerca de las Islas Cíes, rompieron con él otros tres tanques cargados de fuel. Más de 60.000 toneladas de chapapote tiñeron de negro casi 2.000 kilómetros de costa. Desde el norte de Portugal hasta Francia. Pero el «Prestige» se hundió con casi 14.000 toneladas en su interior. Las fugas se fueron sellando de manera provisional hasta que en 2004, y ante la amenaza creciente de un vertido a cuentagotas y sin final, se extrajo el restante de un cargamento total de unas 77.000.

La catástrofe ecológica juntó a tres mareas. La peor, la negra. La imprevisible, las mareas vivas típicas del otoño-invierno gallego, que empujaron el chapapote hasta los paseos. Y una última, también inesperada, de solidaridad. Una marea blanca se echó a las playas, muchas veces sin más recursos que unos guantes y un cubo, para salvar a la flora y —sobre todo— rica fauna marina. Aunque los cálculos varían, algunas cifras hablan de 200.000, 300.000 voluntarios, venidos de España y otras partes del mundo, y repartidos en pabellones o lonjas días atrás rebosantes de pescado y marisco.

Hasta verlas igual hubo que esperar un tiempo, seis meses en algunos casos y con pérdida de sabor de por medio. De los puertos partían los barcos de altura, mientras el resto de marineros y mariscadoras esperaban por su indemnización. Al coste económico y medioambiental hubo que sumar el sanitario. Estudios realizados a posteriori sobre los problemas de salud de voluntarios, marineros y personal de limpieza ante la exposición a una sustancia tan nociva como el fuel revelan un aumento del riesgo de padecer cáncer.

Cuando estaban a punto de cumplirse diez años de la catástrofe, el Palexco coruñés abrió sus puertas para acoger el mayor juicio por delito medioambiental en territorio español tras una instrucción llena de baches y desarrollada íntegramente en el pequeño juzgado de Corcubión. Más de 200.000 folios, 2.000 partes personadas y cerca de un centenar de sesiones definen el «macrojuicio» del descontento.

Estaban llamados cuatro imputados: el capitán, el primer oficial, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, pero la vista sólo se celebró con tres de ellos. De igual modo, Maloto, en paradero desconocido, hubiera sido exculpado de un delito contra el medio ambiente. Sólo Mangouras fue condenado, pero por desobediencia grave. Nadie asumió la responsabilidad civil. La única que lo podía hacer, según señaló la Audiencia Provincial en su sentencia de 2013, era la clasificadora ABS —que proporcionó el certificado para navegar— y la armadora Universe Maritime. El propio Estado español había fracasado previamente al demandar a la primera. Con el «Prestige» se hundieron los 4.300 millones de sus consecuencias.