«Castiñeiras me dijo que un marroquí me iba a dar una paliza por 300 euros»

«Durante muchos años fue sumamente amable y servicial conmigo atendiéndome a todo detalle para las cosas que quería mejorar de tipo eléctrico. Me llamaba la atención que no hablaba mal de nadie», detalló el exdeán a preguntas del Ministerio Fiscal. Esa relación de cordialidad, basada en la mutua confianza, se torció coincidiendo con el nombramiento de Díaz como máxima autoridad catedralicia. «Él creyó que yo tenía poderes para arreglarle las exigencias que él me presentaba», sostuvo el testigo para aclarar que entre la batería de exigencias del electricista estaba la firma de un contrato laboral fijo con el templo compostelano o, en su caso, el pago de «40 millones de pesetas» en calidad de indemnización por un teórico despido improcedente.

La transformación del ladrón confeso fue tal que pasó a tener «una actitud agresiva» con el deán. Las supuestas formas de Castiñeiras cuando se vio relegado del templo también salpicaron al administrador por aquella época, Manuel Iglesias. Segundo en declarar, en su interrogatorio el religioso se remontó a un episodio en el que el acusado lo amenazó «con una paliza que me iba a dar un marroquí al que le había pagado 300 euros».

A la presunta coacción le siguió la visita de un ciudadano magrebí al propio administrador, al que le dijo «tengo cuentas que arreglar con usted». Tiempo después, fue el mismo Castiñeiras el que se personó en el despacho de Iglesias «vestido con traje de faena y con un palo» y me dijo «que iba a correr sangre». Tras aclarar que «para mí no era de confianza», el exadministrador reconoció que los desfases en las cuentas de la basílica se remontan a 2003 y perduraron hasta 2010.

Las sospechas dieron pie a que Iglesias y el contable de la época realizasen una docena de arqueos de los ingresos a lo largo de más de cinco años a través de los que ratificaron que «alguien más tenía la llave de la caja». Consultado sobre la tardanza en tomar medidas al respecto —más de un lustro—, el administrador reconoció que en 2010 se colocó la cámara que a la postre acabaría tomando las imágenes del ladrón saqueando la caja.

Sin embargo, nunca se denunció ante la Policía ni se le dio noticia de los robos al Cabildo «para no alarmar». «Dejé pequeñas cantidades de dinero como reclamo en la caja porque yo tenía la seguridad de que algún día se detectaría la causa de esta sustracción», afirmó el administrador para matizar que sus sospechas se centraron en el electricista de la basílica desde el primer momento. Iglesias incluso llegó a reunirse durante este tiempo con un exjefe de Castiñeiras que le comentó que en la empresa «los engañaba y tuvieron que prescindir de él».

Durante la tercera sesión del juicio —en el que Manuel Castiñeiras y su familia se mostraron de nuevo muy abatidos y con la cabeza gacha — el exdeán reconoció más de una decena de pilas de documentos que los agentes localizaron en la vivienda del principal acusado. Entre los textos identificados ante el tribunal por el religioso había cartas y fotografías personales y hasta el borrador de una misiva dirigida al presidente de la Xunta.

La cámara de granito blindada en la que se guardaba el Códice centró buena parte de las preguntas de la jornada, que probaron que para acceder a ese espacio era necesario un juego de llaves del que sólo disponían cuatro personas: el deán, dos medievalistas y la encargada de la limpieza. En el caso del despacho donde se guardan las dos cajas fuertes con dinero, el administrador confesó que «solo había una llave, que era la mía».

El proceso que dirimirá la responsabilidad del autor confeso del robo del «Códice Calixtino» se retomará el próximo lunes con la declaración de algunos canónigos y agentes relacionados con el mediático caso. El principal imputado se enfrenta a una petición de pena de 15 años por parte del Ministerio Fiscal y de 31 por parte de la acusación particular que representa al Cabildo.