Abren juicio oral por prevaricación a la concejala del PSOE Áurea Soto

Según consta en el auto al que ha tenido acceso ABC, la concejala dictó el 16 de noviembre de 2007 «una providencia acordando incoar expediente para la legalización de las obras ejecutadas y usos autorizados [en el terreno], apoyándose en un informe jurídico emitido por el abogado Carlos Hernández» ante la imposibilidad de obtener un informe de los servicios del concello.

La edil, valiéndose del documento de su abogado particular, consiguió que la Junta de Gobierno aprobase la concesión el 5 de diciembre de 2007 para adjudicar licencia urbanística y de ocupación para un aparcamiento. La sucesión de recursos, según el auto, provocó que «la concejala, a sabiendas de la ilegalidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y para evitar un nuevo recurso que llevase al TSXG a dejar sin efecto el acuerdo adoptado (...) reconoce el derecho de la particular demandante a una indemnización de 358.528 euros por una simple pérdida de luces», lo que tal como se refleja en el auto «es absolutamente desproporcionado» y sólo sirve para impedir un nuevo recurso judicial que provocaría un nuevo y probable revés para el ayuntamiento de Orense.

El avance del contenido del auto fue revelado ayer por la mañana en el pleno del Ayuntamiento. Los portavoces del PP, Rosendo Fernández, y de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, mantuvieron una disputa con el portavoz del PSdeG y candidato a la alcaldía, José Ángel Vázquez Barquero, a propósito de la retirada de competencias a la edil de Urbanismo.

Barquero señaló que «hay que tener valor para ir contra Soto» y defendió la labor desarrollada por esta concejala a la que calificó como «defensora del Ayuntamiento y de Orense» a la hora de desarrollar su trabajo al frente de la Concejalía de Urbanismo. Remató diciendo que fue la mejor concejal de Urbanismo que la ciudad de As Burgas ha tenido.

La defensa del alcalde, Agustín Fernández , y de su predecesor, Francisco Rodríguez, ha sido una constante que asume el actual candidato, Barquero. Ahora los concejales socialistas tienen ante sí un grave dilema. La dimisión de Soto debe ser inmediata, tal como marca el Código Ético del PSOE, y el compromiso de Barquero contra la corrupción queda condicionado a un distanciamiento público de algunos de sus menStores y compañeros, a los que ha defendido con vehemencia desde el comienzo de un accidentado y judicializado mandato.