La Xunta utiliza la ley de acompañamiento para «afianzar las reformas»

El planteamiento de la Xunta responde a la necesidad de aprovechar el impulsoderivado de los «buenos resultados » en materia económica. En este sentido, ha justificado la introducción del tributo «como la forma de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica» y ha avanzado que «el impuesto tiene un carácter finalista, no recaudatorio».

La responsable de la Hacienda Pública gallega ha asegurado en su intervención que la ley de acompañamiento profundiza en la simplificación y eficiencia de la administración y complementa las reformas impulsadas por el Gobierno central.

Frente a la rotundidad del Ejecutivo de Feijóo, los grupos de la oposición reprocharon la utilización de esta medida legal para realizar un «atropello y una estafa al pueblo gallego». Precisamente, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha anunciado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía que la Xunta utilice la ley «para adjudicar la construcción de la autovía de la Costa da Morte» .

También los socialistas y AGE denunciaron que las nuevas condiciones de construcción de un tramo de esta autovía suponen «la modificación contractual de manera unilateral de una adjudicación previa» y se preguntaron por la legalidad de la operación.

Las presuntas irregularidades reveladas por la oposición fueron atajadas por el diputado del PP Hipólito Fariña. Según las manifestaciones del parlamentario, «se trata de una medida técnicamente eficiente». Al tiempo, recordó que la asesoría jurídica de la Xunta no encontró ninguna irregularidad ni ha puesto reparo alguno.

La ampliación del puente de Rande es para el PP y el PSdeG una medida necesaria para la vertebración y cohesión de Galicia. A propósito de una iniciativa de AGE para paralizar la ampliación de la infraestructura, el diputado del PP, Javier Dorado, ha calificado como «demagógica la propuesta» y avanzó que no costará un «euro» a los contribuyentes. También ha indicado que hay que «avanzar en la homogeneización de los peajes a nivel nacional» y trabajar para asumir la explotación. Finalmente, aprovechó para recordar que «el PP está a favor de rebajar los peajes y esto no es incompatible con mejorar la AP-9».

Por su parte, el diputado socialista Raúl Fernández reivindicó el carácter «vertebrador» de la autopista e instó a la Xunta a emprender «acciones para el rescate de la concesión y su transferencia a la autonomía».