El PP de Orense pide la dimisión del alcalde por el caso de las aceras

El portavoz del PP municipal, Rosendo Fernández, ha explicado, en rueda de prensa, que en agosto pasado, llegó al registro municipal una notificación del ministerio de Hacienda «solicitando al Ayuntamiento de Orense el reintegro de la subvención de 227.873 euros correspondientes a la obra de mejora de aceras, calzadas y servicios en la rúa Clara Corral Aller», en la que el regidor municipal tiene su vivienda unifamiliar.

También se refirió a otro documento de febrero de 2012, en el que la inspección de Intervención Territorial de los fondos del plan E «requirió al Ayuntamiento la devolución de más de 27.000 euros correspondientes a las mejoras que quería incluir en la subvención pero que ya estaban contemplada en el proyecto inicial».

El portavoz detalló que el segundo documento «fue muy difícil de encontrar» y, una vez visto, dijo entender el motivo por el que la edil de Urbanismo, Áurea Soto, afirmó que la comisión de investigación sobre las obras de urbanización de la calle donde vive el alcalde «no se constituirá jamás», tras la moción del PP para proponerla, el día 2 de mayo, y el respaldo mayoritario con los votos del PP y de DO.

Según el portavoz del PP, nadie en Orense conoce el requerimiento registrado en agosto, el del expediente para devolver el importe de la subvención del plan E con la que se urbanizó la rúa Clara Corral Aller. «Esto es grave y lesivo para las arcas municipales», ha recalcado, además de ser desconocido para ciudadanos y ediles de la oposición. «Casi me atrevería a decir que ningún concejal del equipo de Gobierno lo sabe», ha agregado.

En ese sentido, ha afirmado que en la junta de área de Hacienda, este mismo miércoles se preguntó por este asunto y «el edil Vázquez Barquero dijo que no le consta», por lo que ya pidió por escrito una copia de ese requerimiento del ministerio «escondido intencionadamente en este ayuntamiento».

El documento del Ministerio de Hacienda será añadido por el PP a la denuncia que presentó el 20 de marzo en relación con esas obras de urbanización y Fernández ha recordado que desde ese día, su grupo ya presentó ante Fiscalía cuatro ampliaciones de documentación, incluyendo la actual.

Según el portavoz, el asunto de las aceras de la calle donde vive el alcalde «puso en el foco mediático a la ciudad y mostró a toda España el pelaje político del alcalde que tenemos», y lo calificó de «pufero». «Este alcalde jugó con el dinero público para su beneficio personal y en cuanto fue descubierto, puso todos los mecanismos a su alcance para evitar pagar lo que debe, es un inspector de Hacienda que trata de esquivar sus obligaciones económicas con la Administración local, una vergüenza para los orensanos», ha reprochado.

El tema de la calle del alcalde, según recordó Fernández, motivó un pleno extraordinario antes del verano al que no acudieron los tres ediles del BNG . Además del requerimiento del Ministerio de Hacienda para la devolución de la subvención, y el escrito en el que requieren al alcalde el pago de 27.000 euros por las mejoras que incluyó en el proyecto de la subvención, Fernández detalló el expediente reabierto en el propio ayuntamiento, para determinar si debe pagar de nuevo el aval de casi 28.000 euros que el ayuntamiento le devolvió, después de que las obras de aceras y farolas fuesen ejecutadas con fondos del plan E.

El portavoz del PP pidió al alcalde que pague ya «aunque presente alegaciones» y que dimita pues «no puede estar en política ocultando estos datos a los ciudadanos que sí pagan sus impuestos».

Además, ha exigido «transparencia, limpieza y ejemplaridad», como la de otras instituciones «sin ir muy lejos, y ante un expediente similar y de mayor cuantía no lo ocultó y su presidente salió para dar la cara e informar de una noticia negativa, como debe ser», agregó, en alusión a la Diputación Provincial, con expediente abierto para el reintegro de diez millones de euros de los proyectos Daredo y Deputrans. «No queremos más explicaciones, queremos que pague lo cuantificado por intervención municipal y le sume la cantidad que haya de devolver al ministerio de Hacienda y que dimita por decencia, porque no es digno de representar a esta institución, porque es un alcalde que no asume sus obligaciones y trata de esquivarlas de una forma cobarde y lamentable», ha sostenido.

Por su parte, el alcalde de Orense habló la jornada anterior del asunto detallado este jueves por el PP, y volvió a referirse a él este jueves en el acto de presentación de obras en la plaza de abastos de Orense, donde aludió al portavoz del PP, Rosendo Fernández, como «auténtico mentiroso», por liar todo «y generar cosas oscuras en cualquier tema».

Agustín Fernández ha señalado que es importante diferenciar entre un expediente de reintegro de una subvención, y un expediente de inspección de obras «habitual para cualquier subvención dada para cualquier obra en todas partes». Según el regidor, el expediente de reintegro de la subvención tendrá alegaciones del Ayuntamiento de Orense, como se hace siempre que se estima oportuno.

En relación al que requirió el pago de 27.000 euros por mejoras en las obras de su calle, dijo que las mejoras son ofertadas por las empresas adjudicatarias y no tienen nada que ver con él. «Una inspección hizo un informe técnico que no se refiere sólo a mí sino también a mis vecinos de calle y lo normal es que se pague porque el ministerio no estuvo de acuerdo con esas mejoras», ha indicado. También ha dicho no recordar si está recurrido ese pago o si está ejecutado, pues es un expediente del año 2011 «pero esas mejoras son habituales para cualquier calle que se urbaniza».

«En mi opinión esto sale porque don Rosendo quiere que se abra a pesar de los daños colaterales que se hagan a los vecinos de la ciudad; veo clara la relación de este tema del PP con la imputación que acabamos de saber de su edil Aurelio Gómez Villar», ha sostenido. El mismo tema está en vía contencioso-administrativa para determinar si el alcalde debe volver a pagar el aval que depositó por las obras, antes de que se ejecutasen con el plan E, y en vía penal por la denuncia del PP.