Orense aprueba la fase inicial de su presupuesto con pegas del asesor jurídico y del interventor

El portavoz del grupo municipal y edil de Facenda, José Ángel Vázquez Barquero, ha remitido a los medios al acta de la junta de gobierno para conocer los detalles de la reunión, y ha señalado que tras los informes pertinentes y preceptivos, el procedimiento para la aprobación inicial de presupuesto siguió la Ley con un trámite «extraordinario habilitado legalmente para cuando los ayuntamientos con presupuesto prorrogado como ocurre en Orrense».

«Entendemos que los informes necesarios eran sobre el procedimiento, y en ese sentido el del oficial mayor y el del secretario dicen que la junta de gobierno es competente para esta aprobación inicial», ha defendido.

Sobre la salida del asesor jurídico y del interventor, antes de la votación, ha explicado que aportaron «todos los argumentos propios de su asesoramiento». «Nunca hablaron de ilegalidad, sino que dieron unas explicaciones técnicas y nosotros manejamos otros informes escritos y orales», según Vázquez Barquero.

En relación a la posible repercusión de la sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que anuló 41 contratos temporales , incluido el de la hija del alcalde, el portavoz del equipo de gobierno explicó que «la Relación de Puestos de Trabajo no es un documento presupuestario, aunque sí lo es la plantilla de personal».

Ha añadido que la junta de gobierno contó con un informe de Recursos Humanos en el que se detalla que la responsable del área, Carmen Rodríguez Dacosta, «acata» la sentencia y que abordarán «los vicios subsanables con carácter retroactivo» para corregir los defectos formales condenados por la sentencia.

El documento aprobado es el mismo que fue aprobado en una junta de Gobierno ordinaria, en julio, y rechazado en el pleno municipal extraordinario de hace seis días. Pero tomando como referencia la sentencia, el presupuesto, según fuentes municipales, debería incorporar dentro del capítulo 1, dedicado a Personal, ese ahorro de salarios, mientras se aprovechan los dos meses que da la sentencia para negociar con los sindicatos una nueva RPT que regularice esos puestos de trabajo de acuerdo con la Ley.