Mensajería urgente con sorpresa

Un empleado de mensajería urgente de Orense y su esposa usaban furgoneta y teléfonos de empresa para distribuir droga

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Un empleado de la empresa de mensajería urgente Halcourier y su esposa usaban supuestamente la furgoneta rotulada y los teléfonos de la empresa para concretar cantidades y puntos de entrega de cocaína y hachís para consumidores y distribuidores de droga en Orense, así como en ... los municipios rurales de Esgos, Maceda, Pobra de Trives y Luíntra, lugares en los que se detectó un incremento de venta de drogas. El trabajador de mensajería Marcial G.G., de 50 años, su esposa Teresa de Jesús N.P., y otras 19 personas, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Orense entre los días 16 y 19 de junio, por posesión de droga con finalidad de venderlas -tanto del tipo de las que «causan grave daño para la salud» como de las que no-, mientras que uno de ellos también está acusado de tenencia de armas prohibidas.

La compra, distribución y venta de sustancias estupefacientes que llevan a este grupo de 21 acusados al juzgado, fue investigada con seguimientos y escuchas telefónicas entre junio y noviembre de 2007 e incluyó registros domiciliarios y detenciones 'in situ' tras varis entregas. El escrito de la Fiscalía de Orense, al que tuvo acceso Europa Press, detalla la intervención de cada acusado en la red de distribución y varios lugares que venta , como la vivienda del matrimonio formado por Marcial G.G., y Teresa de Jesús N.P., en Tarreirigo (Esgos), otra vivienda de otro acusado en A Valenzá (Barbadás) y otra en Pobra de Trives a cargo de una acusada que fue incluida en el grupo de acusados en una ampliación del escrito de acusación de la Fiscalía, en 2012.

Bolígrafos-pistolas

Los 21 acusados tienen entre 26 y 50 años en la actualidad y entre ellos hay consumidores abastecidos por el matrimonio o distribuidores como la acusada de Trives a la que ellos abastecían «tras acordar lugar y cantidad a entregar mediante un lenguaje convenido previamente para disimular que las entregas y recogidas de cosas eran en realidad, venta de sustancias estupefacientes», según el escrito de acusación pública.

Entre los distribuidores abastecidos por el matrimonio, otros dos almacenaban cocaína en una tienda de Esgos y en una discoteca de Maceda y se repartían las labores de concretar cantidades y lugar de entrega y las de la propia entrega y cobro. Agentes del equipo antidroga intervinieron en una entrega de droga en noviembre de 2007 y detuvieron a dos acusados en un vehículo en el que se incautaron de 99,7 gramos de cocaína y 3,3 de marihuana. En el registro del domicilio del también acusado Oscar M., encontraron dos bolígrafos-pistola escondidos en el cajón de una cocina de leña.

Viajes a Ceuta

Las escuchas telefónicas permitieron hacer seguimientos al también acusado Marcos L.M., que pagaba viajes a Ceuta a personas «que previamente reclutaba» para que viajasen y se aprovisionasen «resina de cannabis sativa» -hachís-, y «la trasladasen a Orense en su aparato digestivo envasada en cápsulas». El equipo antidroga siguió a los protagonistas de uno de los viajes , en junio de 2007, y quiso interceptar a los «porteadores» pero consiguieron eludir los controles establecidos, y establecieron controles en otro viaje realizado a Ceuta en agosto, donde 2 personas recibieron 347 huevos plásticos de 6 gramos aproximadamente de hachís. Esta vez, los porteadores fueron detenidos y en sus domicilios se encontró hachís y marihuana y una habitación destinada al cultivo de ésta última.

Petición de 85 años

La Fiscalía acusa a 16 personas del delito contra la salud pública por posesión de drogas con finalidad de venta, causantes de grave daño a la salud, para las de tres años y medio a cuatro años y medio de prisión, salvo en el caso de Santiago S. A., reincidente, para el que el fiscal pide cuatro años y ocho meses de prisión, además de una multa o arresto sustitutorio para todos ellos. En el caso de Oscar M.C., además de posesión y venta de drogas que causan grave daño para la salud, está acusado de tenencia de armas prohibidas lo que suma otros dos años de prisión a la pena pedida por el primer delito.

Otros cuatro acusados serán juzgados por delito contra la salud pública por posesión y tráfico de drogas «que no causan grave daño a la salud» para los que el fiscal pide 2 años y medio de prisión para cada uno. La acusada número 21, última en formar parte del escrito de acusación, es una vecina de Pobra de Trives que supuestamente compraba cocaína a Marcial G.G., al que entregaba el dinero de la venta y recibía de él una cantidad sin deteminar. El fiscal pide para ella tres años y seis meses de prisión. Todos los acusados quedaron en libertad provisional en relación a este caso, y declararán el comienzo del juicio, salvo uno que falleció.

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