Castro reabre el caso Nóos para interrogar a quince testigos pedidos por Alfonso Grau

Para ello, tanto Castro como el fiscal anticorrupción Pedro Horrach se desplazarán a la Ciudad de la Justicia de Valencia a fin de tomar declaración, en concreto, a los 13 miembros del Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), parte de cuyos fondos fueron destinados a la organización , por parte del Instituto Nóos, de las tres ediciones de los denominados Valencia Summit.

Además de los patronos, Grau también pidió la comparecencia de un funcionario de la intervención general de la Administración del Estado y de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, autor de varios dictámenes aportados a la causa a instancias del vicealcalde valenciano.

A pesar de que el caso Nóos se encuentra en fase de calificación -en la que las acusaciones deben determinar a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos-, el juez Castro acordará estas diligencias y dará respuesta al reciente recurso en el que Grau alegaba que, por parte del juez instructor, no se le ha comunicado si vuelve o no a estar imputado en esta causa , lo que le permitiría poder proponer las pruebas que considere pertinentes.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de junio Castro archivó la causa para el vicealcalde así como para otros numerosos imputados, si bien la Audiencia acordó recientemente reabrir las investigaciones para el alto cargo de Valencia a instancias de los concejales del PSPV del Ayuntamiento. Grau defiende, sin embargo, que es el propio juez instructor quien debe decidir sobre esta cuestión, y no la Audiencia.

El abogado de Grau asevera que "no sólo no le ha sido dado intervenir en ninguno de los seis años de instrucción, sino que ni siquiera ha dispuesto de la opción de recurrir" el auto por el que Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos o de solicitar pruebas para su defensa, generándole todo ello "una insuperable indefensión".

Por su parte, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que Grau habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindió de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.