El juez imputa junto a Calatrava a otro exdirector de la Sociedad de Proyectos Temáticos

El juez encargado del caso, Ignacio Risueño, también ha requerido a la mercantil del arquitecto GmbH que aporte los programas de necesidades recibidas en relación al centro -el programa inicial, el procedente del Ayuntamiento de Castellón y el remitido por la SPTCV-; que informe en base a cuál de los anteriores presentó el masterplan, anteproyecto y proyecto básico; y que indique la localización prevista del Centro de Convenciones dentro del PAI Mestrets.

La Sociedad deberá aportar, asimismo, sus los estatutos; el acta de reunión por la que el Consejo de Administración autorizó el aumento del presupuesto inicial al finalmente aceptado en relación al centro; y el informe técnico que acredita la especificidad artística del proyecto y que motivó la adopción del modo de contratación sin publicidad.

Al Ayuntamiento de Castellón se le requiere información relativa al PAI Mestrets, la fecha de iniciación, el motivo de anulación y fecha de la misma; la localización que el Centro de Convenciones debía ocupar; y el título jurídico que le habilitaba para disponer de dicha superficie. El consistorio se pronunció ayer sobre la cuestión y aseguró que «cumplimentará su respuesta» en los términos que se indica, «colaborando» con la justicia.

Tras estas últimas imputaciones y dadas las implicaciones políticas, el caso debería resolverse, según fuentes conocedoras del proceso, o bien con el archivo, o bien desembocar en una inhibición del juzgado en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En la investigación que lleva a cabo el juzgado fueron ya citados a declarar como imputados Eusebio Monzó, el actual subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, y el ex director técnico de la SPTCV, Javier de Diego. Monzó fue director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat durante la época en la que se suscribieron los contratos. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decidió destituirle en virtud de su «línea roja» el pasado 18 de julio , una decisión que generó malestar en el Consell.

La denuncia que ha acabado con estas imputaciones fue presentada por un particular ante la Fiscalía de Torrevieja. Una similar fue impulsada por Esquerra Unida, que seguramente se personará en la causa. En ambas se acusaba a diversos organismos públicos de la contratación de Calatrava mediante un procedimiento excepcional negociado sin publicidad para la construcción del edificio, cuya presentación de la maqueta se realizó en 2008, aunque su ejecución fue paralizada en diciembre de 2012 debido, según justificó la Generalitat, a la crisis económica.

El arquitecto recibió 2,7 millones de euros (entre el 1 de noviembre de 2007 y el 1 de enero de 2010) por el proyecto. La cantidad equivalía al 4,5 por ciento de un presupuesto de licitación cifrado en 60 millones y que se actualizaría en función del coste real de la obra. El proyecto fijaba una superficie inicial de 16.980 metros cuadrados, que posteriormente Calatrava triplicó hasta los 48.240, por lo que el presupuesto se incrementó hasta los 100 millones de euros. Así, en lugar de 7,5 millones, se debería pagar a la empresa GmbH 12,5 millones por todos los conceptos. Esto se traduce en que habría cobrado un porcentaje que no se corresponde con el presupuesto que fue acordado en un principio.

No es la primera vez que Calatrava se enfrenta a un conflicto en los tribunales. El año pasado fue condenado a pagar 3,27 millones por los fallos del Palacio de Congresos de Oviedo. En febrero de 2011 ya declaró en calidad de imputado dentro de una pieza separada del caso Palma Arena y en Venecia está abierto un juicio por un sobrecoste de cuatro millones en la construcción de un puente.