El juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón investiga a la empresa de Santiago Calatrava GmbH y a varios cargos directivos de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) por la contratación para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón.

Están citados mañana a declarar en calidad de imputados el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, por su etapa como director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat y actualmente número dos de la Conselleria de Hacienda, junto al exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo, actual subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el ex director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Javier de Diego.

Según un documento al que ha tenido acceso ABC, el juzgado ha solicitado, asimismo, los justificantes de los pagos realizados al arquitecto entre el 1 de noviembre de 2007 y el 1 de enero de 2010 por la redacción del Master Plan, el Anteproyecto y el Proyecto Básico. Estos honorarios, por los que percibió 2,7 millones de euros, eran equivalentes al 4,5% de un presupuesto orientativo de licitación cifrado en 60 millones y que se actualizaría en función del coste real de la obra.

Denuncia de un particular

La investigación del caso se produce a raíz de una denuncia presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2011 aunque luego fue archivada, y que ahora ha vuelto a presentar un particular de Torrevieja, en la que acusaban a diversos organismos públicos de la contratación del arquitecto mediante un procedimiento excepcional negociado sin publicidad para la construcción del edificio, cuya presentación de la maqueta se realizó en 2008, aunque su ejecución fue paralizada en diciembre de 2012.

El proyecto, según la documentación aportada, fijaba una superficie inicial de 16.980 metros cuadrados, que posteriormente el arquitecto triplicó hasta los 48.240, por lo que el presupuesto se incrementó hasta los 100 millones de euros. Así, en lugar de 7,5 millones, se debería pagar a la empresa GmbH 12,5 millones por todos los conceptos. Esto se traduce en que Calatrava habría cobrado en realidad un porcentaje que no se corresponde con el presupuesto acordado para el Centro de Convenciones.

La investigación incluye la forma de suscripción del contrato: negociado sin publicidad. EU denunció que «resulta evidente que esta causa justificadora no reside en el carácter artístico del trabajo, sino en que únicamente haya un empresario o profesional al que pueda encargársele el trabajo». Para este partido se vulnera la ley al no haber solicitado la oferta de empresas capacitadas para realizar el proyecto y los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales.