La juez rechaza la petición de la Fiscalía de reabrir el caso del accidente de metro de Valencia

La fiscalía de Valencia solicitó el pasado julio que el siniestro volviera a ser investigado judicialmente porque existían «hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron, que pudieron afectar al estado de la unidad del metro siniestrada».

La decisión del Ministerio Público se producía después de que los socialistas valencianos acudieran a la Fiscalía el 6 de mayo para presentar una nueva denuncia, con una copia del programa de televisión «Salvados» dedicado al accidente y actas de la comisión de investigación que se llevó a cabo en las Cortes Valencianas en 2006.

El criterio de la acusación pública difería ya del expresado en su momento por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 –al que va dirigido el escrito–. La magistrada archivó la causa en febrero de 2008 al entender que la responsabilidad penal había quedado extinguida con el fallecimiento del conductor del convoy. Una decisión que fue ratificada dos meses después por la Audiencia Provincial.

Asociación de Víctimas

La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Juli, por su parte, ha lamentado la decisión del juzgado ya que considera que n o ha habido investigación y sostiene además que el archivo es nulo porque no se ha dado traslado a las partes de la petición de Fiscalía . Así lo ha asegurado la presidenta de la entidad, Beatriz Garrote, que considera que esta decisión judicial es un «obstáculo más que hay que ir superando». Garrote ha subrayado que, ante las resoluciones del juzgado que investiga el accidente de tren de Galicia, l os afectados por el siniestro del metro tienen « más argumentos y fuerzas para presentar toda la batalla posible». La asociación solicitó a principios de este mes personarse como acusación particular en el juzgado de instrucción número 21 después de que el pasado 22 de julio la Fiscalía solicitara reabrir las diligencias por el accidente al considerar que existían hechos y datos nuevos y «otros que en su momento no se valoraron que pudieran afectar al estado de la unidad siniestrada».

La entidad pretendía con esta decisión saber qué diligencias había solicitado el ministerio fiscal para decidir «si se suman a ellas o si piden otras nuevas».

Desde la asociación consideran que la decisión sería «nula » porque «se debería haber dado traslado a todas las partes, en concreto a nosotros, porque no sabíamos qué había pedido Fiscalía y no hemos podido alegar ni presentar iniciativa», ha explicado. Por ello, solicitarán la nulidad de la decisión --no ha concretado si en un recurso ante la propia jueza o ante la Audiencia Provincial--, aunque ha hecho hincapié en que esta resolución es «un obstáculo más que hay que ir superando». «Uno a uno», ha dicho, para recalcar que la investigación judicial que se está realizando en el caso del accidente de tren de Santiago del pasado mes de julio y las decisiones que en ese caso se adoptan, les dar «más argumentos y fuerzas» en su lucha.