«Yo me quejaría ante el Procurador de la falta de colaboración que encontramos en las administraciones»

-Mientras que las quejas recibidas en 2014 cayeron hasta situarse en niveles de 2010, en los nueve primeros meses de este año se han disparado y casi duplican las de todo el ejercicio pasado. ¿Qué ha cambiado en este tiempo que justifique esta importante variación?

-De manera fundamental se debe a unas quejas recibidas últimamente sobre la supresión o anulación del concierto con un colegio de la ciudad de Palencia. Sólo por este tema han llegado más de 1.500 reclamaciones que han elevado el número de este año, pero ya nos había ocurrido algo similar en otros. En 2012 hubo un fuerte incremento de las reclamaciones por el cierre de los servicios de urgencias en las zonas rurales, otro año por que se quería construir un tanatorio al que los vecinos se oponían, etc...

-Está al frente de una institución que recibe a diario las quejas de los ciudadanos, pero ¿de qué se queja el Procurador del Común? ¿Cuáles cree que son los principales problemas de Castilla y León?

-La queja que yo pondría como Procurador y que me llama la atención es la falta de colaboración que muchas veces encontramos en las administraciones para el desempeño de nuestra función al no remitirnos la información que nos permita concluir nuestros expedientes.

-¿En los últimos años vio peligrar en algún momento a la institución?

-Este año sí que tenía el temor de no saber qué dirían los nuevos grupos, Podemos y Ciudadanos. Pero con la entrada de nuevos grupos en las Cortes la institución se ha visto reforzada y estoy contento y tranquilo.

-En pleno debate sobre la eliminación o no de los organismos de autogobierno de las comunidades, en el Parlamento regional no solo se quiere mantener al Procurador del Común, sino que, además, se pide reforzar su función. ¿A qué se debe?

-Una de las razones fundamentales que se establecen para justificar la supresión de las defensorías se basa de forma fundamental en la posible duplicidad con el Defensor del Pueblo, pero yo creo que en la práctica no hay ninguna duplicidad. Cada uno tramitamos los expedientes que son de nuestra competencia de tal forma que la actuación de uno excluye la del otro.

-¿Es más ágil el Procurador del Común que el Defensor del Pueblo?

-Somos una institución muy próxima al ciudadano, que conoce sus problemas y los vive, por lo que generalmente somos más rápidos en la tramitación de los expedientes.

-En una visita reciente la presidenta de las Cortes confirmó que, efectivamente, la institución asumirá a partir de finales de año nuevas competencias y, además, lo hará con los mismos medios materiales y humanos que hasta el momento. ¿Es esto asumible o aprovechará para reclamar nuevos fondos ahora que se habla de una mejoría en la situación económica?

-Tiene que ser asumible. Nosotros no hemos pedido nunca más dinero y no lo vamos a pedir. Además, la ley nos dice que ni se producirá el aumento del personal ni llevará consigo un incremento de la dotación presupuestaria, aunque lógicamente nuestro trabajo va a aumentar.

-Entre estas labores está la de velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones de Castilla y León, ¿cómo las ve?, ¿en qué cree que deben mejorar?

-Algunas sí tienen un buen nivel y otras no tanto. Yo solamente puedo valorar mi relación con las administraciones en referencia al trabajo que estoy desarrollando y, por regla general, con sus excepciones, puedo decir que su nivel es aceptable. Mejorable, pero aceptable.

-Un informe técnico del Gobierno concluyó que se ahorrarían 30 millones al año con la supresión de los 11 defensores del pueblo autonómicos. ¿Flaco favor desde el Gobierno a su permanencia?

-No conozco el informe, pero yo creo que la necesidad de la institución de los defensores autonómicos está en duda precisamente por esa duplicidad de la que antes hablábamos y que no se da. Por otro lado, se habla del coste que supone y en esto debo decir que aquí la mayor parte de nuestro personal está integrado por funcionarios de las Cortes o de la Junta que, si son cesados, regresarán a su puesto de trabajo, por lo que el gasto sería el mismo, aunque se repartiría entre otras instituciones.