La cuarta reforma del Estatuto, en camino

De momento, el inicio ha sido bueno . Después de que en noviembre del pasado año el Grupo Popular sacara adelante una proposición no de ley que abogaba por la nueva reforma, el primer avance tras las elecciones del 24 de mayo se produjo el pasado martes . La reunión entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces parlamentarios de los grupos sirvió para sentar las bases de importantes acuerdos de Comunidad. Entre ellos, el de iniciar los trabajos para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para incluir, en principios, medidas como la limitación de mandatos, la supresión de aforamientos, así como elevar a rango estatutario cuestiones sociales tales como el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y la red de protección de las personas y familias, además de fijar un gasto social. Al mismo tiempo, se prevé fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad.

Por delante queda aún un mundo. Si el plácido proceso anterior se anunció en 2004 para que arrancara parlamentariamente en noviembre de 2006 y concluyera en el Senado a finales de 2007, en esta ocasión se augura un proceso más extenso e intenso tanto por el calado de la reforma como por el mayor número de protagonistas que tienen algo que decir -y de momento con algunas diferencias claras- sobre los asuntos que se prevén incluir en el Estatuto. Los cuatro años que dura la legislatura tendrían que ser tiempo suficiente para que el nuevo texto fuera una realidad, pero en un momento cambiante como el actual y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina nadie pone la mano en el fuego por el cumplimiento de estos plazos previstos inicialmente.

Sin que todavía se haya fijado ningún tipo de calendario, tomando como ejemplo el caso anterior, uno de los primeros pasos a tomar sería la creación de una Comisión No Permanente para el estudio de la reforma y los posibles contenidos de la misma. Su composición sería, en principio, lo más proporcional posible al resultado de las últimas elecciones, por lo que, además de PP, PSOE y Grupo Mixto, que estuvieron en la de 2006, habría varios integrantes designados por Ciudadanos y Podemos.

Este nuevo órgano recibiría en audiencia a representantes de la sociedad de Castilla y León, desde sindicatos y empresarios pasando por municipios, universidades y asociaciones agrarias, entre otros. Una vez escuchadas a todas las partes, tratarían de redactar el informe sobre la conveniencia de la reforma y sobre la propuesta en sí misma, que debería tener posteriormente el visto bueno inicial de la Junta de Castilla y León.

Si se avanza en esta línea, el nuevo texto llegaría a las Cortes de Castilla y León para su toma en consideración anterior al «estudio» de las diferentes enmiendas que presenten los grupos y al debate y votación sobre el dictamen definitivo de la comisión que requiere una mayoría de dos tercios -al menos 56 de los 84 procuradores, con lo que el «sí» únicamente de PP (42) y PSOE (25) sería de nuevo más que suficiente-.

Una vez aprobado por el parlamento regional, la propuesta de reforma se entregaría al Congreso de los Diputados , que en principio lo admitiría a trámite y lo trasladaría al Gobierno. Tras ser analizado por la Comisión Constitucional el texto se aprobaría y se remitiría al Senado. Antes de su visto bueno definitivo, representantes de las Cortes regionales defenderían el cambio estatutario en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.