Condenados los tres policias acusados de estar compinchados con narcotraficantes

Al inspector de policía J.I.G.V. la sentencia le considera autor material de un delito contra la salud pública, dos delitos de cohecho y otro de omisión del deber de perseguir delitos, por los que es condenado a penas de tres años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años, así como al pago de una multa de 10.000 euros.

Al policía nacional en segunda actividad cuya identidad responde a las iniciales F.M.B., el fallo le atribuye un delito de encubrimiento, otro de revelación de secretos y otro de prevaricación, por lo que se le inhabilita para empleo público durante siete años y se le condena al pago de una multa.

Por su parte, el último de los agentes juzgados, el policía en activo J.M.M. A., ha sido condenado a un delito de prevaricación, por lo que se le impone la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por siete años.

La Audiencia Provincial también falla en contra de los tres hombres que mercadeaban con droga y estaban compinchados con los policías. A J.L.J.V., conocido como Emma, le considera culpable de un delito contra la salud pública –por el que le impone un año de prisión y una multa de 240 euros- y otro de cohecho por el que le condena a cuatro meses de cárcel y una multa de 4.000 euros, según figura en el fallo.

A J.M.G.P. y a C.S.S. la sentencia les considera autores de sendos delitos de simulación de delito por los que les condena al pago de una multa de tres euros diarios durante el plazo de tres meses a cada uno. En estos dos casos se tiene en cuenta como atenuante la colaboración de ambos con la justicia.

Entre los hechos probados que figuran en la sentencia, destaca que J.L.J.V. conocido como Emma, se dedicaba al tráfico de cocaína durante las fechas investigadas, así como que el inspector de policía conocido como ‘Villa’ «mantuvo en el segundo semestre de 2009 numerosas citas con» el citado traficante «con el fin de obtener una ventaja económica a cambio de la protección policial», según puede leerse en el fallo judicial. La sentencia considera probado que el inspector de policía llegó a recibir unos 15.000 euros del traficante, cantidad «que procedía del tráfico de drogas y que era entregada para que el policía le protegiera en su actividad delictiva».