Cecale encarga un informe jurídico para esclarecer si Terciado cometió algún delito

Pero como ya viene siendo habitual en este tipo de reuniones, la tensión volvió a ser un punto obligado en el orden del día. La unanimidad conseguida en verano se rompió de forma inesperada cuando el representante de la patronal abulense (Jesús Terciado nunca asiste pese a ser el presidente) reprobó al resto la puesta en marcha de este informe. Tanto es así, que fue el único que no dio el visto bueno a su presupuesto

Poco a poco el propio presidente de Cecale, Santiago Aparicio, se ha ido dando cuenta de que la auditoría de gestión no era suficiente y, tras la presión de algunas provincias, sobre todo Salamanca, tenía que dar un paso más allá.

La Auditoría era elocuente y dejaba en el aire algunas prácticas muy cuestionables en la gestión de su predecesor que obligaban a esclarecer sin son constitutivas de delito o simplemente una mala «praxis» reiterada durante su mandato.

Y es que el informe jurídico, que ayer mismo comenzó a hilvanarse, se tiene que basar en los 200 folios de la auditoria de gestión. Aunque Aparicio siempre ha defendido que no se detectaron «irregularidades penales, pero sí cosas que se hicieron mal y que hay que corregir», finalmente tendrá que ser el gabinete jurídico el que tenga la última palabra.

Como ya avanzó en su día este periódico, la auditoria externa realizada por KPGM dejaba en mal lugar tanto a Terciado como a su secretario general en Cecale, Héctor García Arias. Así entre las conclusiones aparecían expresiones categóricas como que había habido una «gestión ineficiente», «desconocimiento de la Junta Directiva en muchos acuerdos», «elevados sobrecostes», «decisiones innecesarias», «gastos sin identificar»...

De lo que no cabe duda es de que la gestión de Terciado fue parte importante de la bancarrota en la que se encuentra la patronal, que ha tenido que llevar a cabo despidos y reclamar cuotas elevadísimas por adelantado a sus patronales provinciales para ser viable. Uno de los dispendios a los que más tiempo tendrá que dedicar el gabinete jurídico es la adquisición de la sede en Valladolid. Una operación larga y compleja por un montante de más de 5 millones de euros y con contratos modificados de los que no tuvieron constancia los miembros de la Junta Directiva.

La propia consultora KPMG concluyó que en la compra de este inmueble «no hubo bases de cálculo» que permitieran evaluar la «idoneidad y razonabilidad económica de la compra».

En este sentido, la auditoría también habla de un sobrecoste en la compra de mobiliario, servicios informáticos cuantiosos sin uso, venta de un coche «low cost», dietas de 11.000 euros en 2007 o despidos fallidos y sin motivos. En este sentido, hay que recordar que la patronal aprobó un ERE que afectó a 18 empleados.

Todo esto unido a las últimas informaciones aparecidas en prensa durante estos días sobre operaciones dudosas de Terciado llevaron ayer a los miembros de Confaes a pedir en la reunión la «suspensión cautelar» mientras todo se aclare y, a su vez, «abrir expediente informativo». Dos peticiones que quedaron en saco rato, ya que no fue refrendada por el resto de miembros.