Archivo de Salamanca: la Generalitat entrega papeles a entidades «impostoras»

No parecía lógico que una entidad creada en 1979 heredase lo que perteneció a otra institución disuelta en 1939. Aunque se fundara con el mismo nombre. Así lo entendieron el Juzgado de primera instancia de Barcelona en una sentencia (fechada el 10-9-91) y así lo ratificó también la Audiencia de Barcelona (el 9-11-1992) cuando ambos resolvieron la demanda y el recurso de una entidad llamado Cadci (Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria).

El Cadci creado en 1979 reclamaba los inmuebles del antiguo Cadci, que no existía desde 1939. El juez, los jueces, dictaminaron que el Cadci de hoy es una persona jurídica diferente a la entidad que existió en los años treinta y no puede heredar esos locales. Pero la Generalitat ha ignorado este criterio. A pesar de lo ocurrido con los inmuebles, ahora se ha otorgado al nuevo Cadci la titularidad de los documentos que fueron incautados en aquellos edificios. Y lo ha hecho mediante un acuerdo de comodato para que, eso sí, queden depositados en el Archivo Nacional de Cataluña (ANC).

Es otro, pero no el único, de los incumplimientos de la ley detectados por el investigador Policarpo Sánchez, que lleva años denunciando la falta de rigor en la selección y que va a demandar a la Generalitat catalana con el fin de solicitar que se cumpla la ley, puesto que, en su opinión, hay unos 120.000 de los más de 800.000 documentos transferidos que deberían ser devueltos por no cumplir la norma. Fuentes oficiales afirman que los casos son muchísimos menos, que son casos contados, aunque existen, tal y como ha ratificado el propio conseller de Cultura de la Generalitat en una respuesta oficial a Policarpo Sánchez.

Amparados por la Ley de 2005 y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, cientos de miles de documentos han sido seleccionados durante los últimos años y han abandonado el Archivo de Salamanca. El TC resolvió en sentencia del 31 de enero de 2013 que el Estado «no transfiere la titularidad» del Archivo a la Generalitat, «sino que se le transfiere una serie de fondos documentales a los efectos de su restitución a los propietarios originarios o sus sucesores». Y añade que si esta restitución no se pudiera producir, «tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal». Es decir, deben devolverse si no aparece y se acredita el dueño o sus herederos.

Lo ocurrido con el Cadci no es un caso aislado, en opinión de Policarpo Sánchez. Hay 145.000 documentos y 40 libros de CNT que la Generalitat no ha devuelto a CNT, según el investigador. De hecho, el sindicato escribió a la ministra Ángeles González-Sinde para mostrarle su oposición a que esa colección abandonase el Archivo de Salamanca. Pero en otro acuerdo de comodato como el de Cadci, el conseller de Cultura, Ferrán Mascarell, otorgó la titularidad a una asociación, «CNT Joaquín Costa», que salió de una pequeña escisión del sindicato en 1996. A cambio, también se depositarían estos documentos en el ANC.

Y lo mismo ocurrió con el Centro Asturiano de Cataluña, fundado en 1930, cuya documentación ha sido ahora otorgada a otro Centro Asturiano de Barcelona creado en 1952. Esta entidad ha reformado sus estatutos en 2010, «torticeramente», según opina Policarpo Sánchez, para presentarse como continuador de la anterior. Pero es que los documentos pertenecen al PSOE de Asturias, alguno de cuyos militantes estaba en Cataluña durante la guerra.

Para Policarpo Sánchez, que presentará una demanda contra la Generalitat catalana el día 24 , estos casos suponen un fraude de ley. Cataluña ha gastado grandes sumas en esta operación archivística que, más que entregar documentos a sus dueños, ha engrosado las estanterías del ANC. Son 1,5 millones, según algunas fuentes, en preparativos. Y 603.200 euros para digitalizar papeles en 2010, más 183.844 el 29 de agosto de 2012, al día siguiente de pedir a Rajoy el rescate de 5.023 millones.