La Generalitat no ha cumplido la ley en el traslado del Archivo de Salamanca

Hablamos de papeles que reflejan historias personales, a menudo traumáticas, motivo por el cual la Generalitat invocaba la dignidad de las víctimas y llevaba solicitando su devolución desde los primeros años noventa. El asunto acabará muy pronto en los tribunales, puesto que Policarpo Sánchez demandará el próximo día 24 de marzo al Gobierno de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para empezar, se han llevado a Barcelona, con una falta de control difícil de calificar, documentos que ni siquiera fueron incautados en el territorio catalán. También muchos incautados en Cataluña que sin embargo pertenecen a personas y entidades que no tenían domicilio allí. Pero hay más. Según la demanda que prepara Policarpo Sánchez, la Generalitat se ha apropiado indebidamente de documentos de Zaragoza, Vizcaya, Valencia, Teruel, Murcia, Madrid, Huesca, Castellón, Cantabria, Asturias, Albacete y Alicante, entre otras provincias. No es que a los miembros de la comisión encargada de decidir qué papeles tenían que devolverse se les haya pasado un caso, sino que la documentación recopilada por Policarpo Sánchez refleja un fallo sistémico que, debe ser comprobado y corregido.

Por si fuera poco, Cataluña retiene sin que la ley lo permita documentos de refugiados asturianos y aragoneses que se encontraban en Cataluña circunstancialmente a causa de la guerra. Y también papeles de dirigentes sindicales madrileños, como el presidente de la Casa del Pueblo, que estaba en Cataluña en 1938, durante unos pocos meses, por un cargo militar.

La Ley de 2005 obligaba, en su artículo 3.2, a dejar una copia digital de todo papel trasladado a Barcelona, que «tendrá consideración de copia auténtica». Esta medida trataba de calmar las voces que alertaban contra la ruptura de la unidad de archivo asociada a la pérdida de patrimonio documental. Pues bien, tampoco este artículo de la Ley se ha cumplido. El investigador ha dejado ante notario constancia de decenas de miles de documentos negligentemente digitalizados, puesto que solo se ha dejado copia de su primera página, a pesar de estar compuestos por varias. Es otro incumplimiento flagrante que debería avergonzar a todos los involucrados -políticos o técnicos- en el proceso.

Hay casos muy llamativos, que Policarpo Sánchez ha mostrado a ABC, como una carpetilla del Ministerio de Cultura de color verde foliada como si fuera ella misma un documento. Pero donde la falta de rigor clama al cielo es en el anexo de una orden ministerial que consignaba los detalles de un envío para que los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica pudieran mostrar su acuerdo y aprobar el traslado de la selección realizada por la comisión mixta Ministerio/Generalitat.

Aunque pueda parecer insólito, los patronos votaron a favor de la salida de una caja que contenía algo tan poco concreto como «1 caja, en octavo Papel», y correspondería a «fichas de afiliados de diversos grupos» del «Socors Roig Internacional». ¿Sabían los patronos cuántos expedientes o carnets iban en esa caja? No consta. Es solo un ejemplo, pero hay más.

Así que, ¿cómo se seleccionan los documentos que engrosarán las cajas con destino a Cataluña? Existe un grupo de trabajo formado por archiveros, dos del Archivo Nacional de Cataluña y dos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ellos resuleven la selección en la base, pero el órgano decisorio es político y se llama Comisión Mixta, formada hoy por Severiano Hernandez, subdirector general de Archivos Estatales del Ministerio de Educación y Cultura, y Josep María Sans Travé, director del Archivo Nacional de Cataluña, aunque en el pasado tuvo más miembros, destacadamente Rogelio Blanco, director general del Libro durante los años de Zapatero. Él nombró a Severiano Hernández en 2008 para controlar el envío a Cataluña de los documentos privados que, como se muestra en estas páginas, podrían suponer un obstinado error.

Mientras Policarpo Sánchez ultima su demanda, a la Generalitat le van a seguir llegando mensajes que señalan estos errores. Por ejemplo, y como es bastante lógico, desde el PSOE asturiano donde no están de acuerdo con la vulneración de esta ley y apoyan el esfuerzo de este investigador. Han instado el pasado abril de 2013 al Gobierno del Principado a que solicite a la Generalitat un cumplimiento estricto de la ley. Y luego está el caso de CNT que ya pidió que los documentos de su rama catalana vuelvan a Salamanca. Para Policarpo Sánchez «no es que queramos que vuelva todo porque somos de Salamanca. Es que queremos que se cumpla la ley. Así de sencillo».