Los transportistas piden su parte de los 86 millones recaudados por el céntimo sanitario

El tributo entró en vigor en España en 2002, y no fue hasta marzo de 2012 cuando Castilla y León sumó al precio de la gasolina 0,48 euros por litro -el tramo más alto de lo permitido-. El objetivo: sufragar la sanidad. Sin embargo, este razonamiento no es suficiente para el Tribunal Europeo, que denuncia que el gravamen no tenía una finalidad exclusiva, sino presupuestaria, sin un «vínculo directo» al consumo de carburantes. Este defecto fue subsanado en enero de 2013, cuando se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos para no vulnerar el derecho comunitario, pero entre ambas fechas, distan diez meses de aplicación irregular que afectan a la Comunidad. Ya con la sentencia en la mano, desde la Junta, al igual que hicieron varias regiones, aseguraron ayer que esta situación «es un problema del Gobierno», dado que las regiones gravaron de acuerdo a la puerta que se les abrió desde Madrid, mientras quetransportistas y vendedores de hidrocarburos remarcaron que ya «advirtieron» de esta situación y «celebraron» el fallo que les «da la razón en lo que tanto tiempo hemos denunciado».

A la espera de conocer los efectos del pronunciamiento judicial, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, destacó ayer que Castilla y León sería «posiblemente la Comunidad menos afectada» de todas las que tienen este impuesto en caso de tener que devolver lo recaudado, ya que el «céntimo sanitario» como tal sólo estuvo en vigor diez meses.

De Santiago-Juárez apostó por la «prudencia» antes de hacer un cálculo del posible impacto en las arcas regionales de la decisión del tribunal comunitario y defendió que Castilla y León decidió implantar el «céntimo sanitario» al creer que era legal y se consideró necesario por la situación de crisis. Eso sí, dejó claro que «es un problema muy serio para el Reino de España» que, según las primeras estimaciones, debería devolver 13.000 millones de euros. En este sentido, defendió que los diferentes Gobiernos, desde que se creó en 2002, lo han mantenido y «no creo que actuaran del mala fe». Además, recordó que el socialista de Zapatero «lo duplicó». Replicaba así las críticas del PSOE de Castilla y León, a quien acusó de «frivolizar» ante «un problema muy serio» que «no» es de la Comunidad sino de España. «Quien hace eso, es un frívolo, lo hace por confundir», subrayó.

«No hagamos ciencia ficción», pidió De Santiago-Juárez sobre el posible impacto económico de una sentencia que, según dijo, es «complicada» de aplicar. «Hay que ser muy serio. No se calcula apretando un botón», recalcó después de que los socialistas cifraran en unos 50 millones el coste para la autonomía y reclamaran la comparecencia de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en las Cortes.

El portavoz de la Junta incidió en que no es algo exclusivo ni «responsabilidad» de la Junta, que aplicó la «posibilidad» recaudatoria que se le ofrecía, aunque reconoció que «aquí socialmente ha tenido un repercusión muy negativa, se ha entendido mal, hay diferencias con el sector del transporte» y las propias características de un territorio extenso y limítrofe con otras nueve regiones han hecho que se haya «vivido de otra manera» el «céntimo sanitario».

Aún con la incertidumbre sobre la mesa ante la traducción que este fallo tendrá concretamente sobre la Comunidad, los mayores consumidores de carburantes de Castilla y León recibieron ayer la noticia con «bastante alegría». El presidente de la Federación de Asociaciones Provinciales de Transportes de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal), Juan Luis Feltrero, se preguntó en declaraciones a ABC «cómo se hará frente a esa deuda ya reconocida», que lamentó que «muchos» no tendrán «medios» para reclamar. Aunque este dinero llegue -dijo- lo hará «tarde para muchas empresas», que «no pudieron pagar nóminas» o tuvieron que «cerrar», e insistió en que el «céntimo sanitario» debe de pasar a mejor vida, si bien dudó de que su retirada influyera en una tendencia positiva en las ventas de gasolina. Ya se han creado patrones de conducta, nuevas rutas y convenios con otras comunidades. «Costaría reconducir» el flujo de dinero a las estaciones de servicio de la Comunidad.

Por este motivo, para el presidente de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, la sentencia europea deja un «sabor agridulce». Las ventas, advierte, han caído por encima del veinte por ciento desde que se empezara a aplicar el «céntimo sanitario». «El mayor daño es la deslocalización del consumo», y será «muy complicado que vuelvan» los transportistas aunque el «céntimo sanitario desapareciese», ya que de hecho a los profesionales de la carretera se les comenzó a devolver en 2013 este impuesto «sin que ello cambiara nada». Los coches y camiones «pasan» por delante de las estaciones de servicios, «pero ya no paran», aseveró para reclamar también la supresión del impuesto.

Diferencias a las que se refirieron también la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl) que lamentaron «el daño que ha ocasionado en Castilla y León la implantación de este impuesto, pues además de provocar una considerable caída del consumo, ha hecho que perdamos competitividad y empleo, y ha generado incluso deslocalizaciones de empresas».