Garoña: continúa la incertidumbre

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó en 2009 el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña para el 6 de julio de 2013. Nuclenor había solicitado entonces una prórroga de diez años de actividad pero, a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno socialista puso fecha de caducidad a la instalación burgalesa.

Sin embargo, los vaivenes políticos y económicos de los últimos tiempos han supuesto que esa fecha se cumpla sin que esté del todo claro que el cierre sea «definitivo» . De hecho, sus empleados volverán a trabajar el lunes a una central que, técnicamente, se encuentra parada desde diciembre del pasado año. Y lo harán con un «doble escenario» de cumplimiento de la orden de cierre pero, según explica el presidente del comité de Alberto César González, manteniendo la «reversibilidad del proceso».

Una ambigua posición que Nuclenor ha mantenido desde que en diciembre del pasado año decidiera parar la Central Nuclear de Santa María para evitar el pago de las nuevas tasas recogidas en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética del Gobierno de Mariano Rajoy y que, según sus cuentas, harían inviable económicamente el futuro de la instalación burgalesa.

Tira y afloja con las eléctricas

Por eso, y aunque en 2009, ante el cierre en 2013 decretado por Zapatero, Nuclenor presentó un recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo, tres años después dejó pasar los nuevos plazos para solicitar la continuidad de la planta abiertos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Durante meses se produjo un tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, que, finalmente, optaron por adelantar la parada de Garoña dejando siempre abierta la puerta a la continuidad «en el caso de que las condiciones así lo permitiesen» , como se recoge en su último comunicado oficial tras aprobarse formalmente el decreto de cierre.

Nuclenor insiste en que no renuncia a la posibilidad de solicitar una renovación de la actividad que desde el Gobierno se indica que podría ser posible -ayer lo volvió a reiterar el propio ministro de Industria, José Manuel Soria- ya que, como ambos destacan, el cierre se produce por motivos económicos y no técnicos o de seguridad.

Los trabajadores reconocen estar «cansados» de esta situación de incertidumbre aunque, en todo caso, consideran que es mejor una puerta abierta a la continuidad que un cese definitivo, como estaba previsto inicialmente. Entre puestos directos e indirectos, un millar de personas trabajan en Garoña y en los últimos meses han hecho de todo para intentar garantizar su futuro, desde marchas a pie o incluso un rap que surcó las redes sociales a escribir cartas tanto al presidente del Gobierno como al de Nuclenor pidiendo a ambos «responsabilidad».

El presidente del comité, Alberto César González , asegura que la empresa les ha garantizado, al menos de momento, todos los puestos de trabajo para este nuevo «periodo de transición» que podría durar «días, semanas o meses» y con ese compromiso seguirán trabajando como lo han hecho desde que la central paró en diciembre. Centrados en el mantenimiento de la planta y la seguridad del combustible del reactor que se encuentra almacenado en la piscina.

La misma incertidumbre se respira en el entorno de la central nuclear más antigua de España. Desde 1971, fecha de su inauguración, los vecinos se han ido posicionando a favor y en contra de la misma. En los últimos años, desde el Ayuntamiento del Valle de Tobalina se ha apostado por su continuidad pero, sobre todo, se reclaman medidas de desarrollo del entorno que compensen la posibilidad cierre y la pérdida de puestos de trabajo.

El plan de reindustrialización de Garoña puesto en marcha por el Gobierno de Zapatero fue paralizado por los populares ante la apuesta por la continuidad de la planta que todavía continúan pensando que es posible. El propio presidente del PP de Burgos, César Rico, señalaba esta semana que una orden ministerial «con otra se modifica».

La última marcha

Mientras continúa abierto el debate sobre la posible continuidad de la central burgalesa, los grupos ecologistas y antinucleares han convocado para hoy la que presentan como la «última marcha contra Garoña». Consideran que el cierre es «irrevocable» e incluso, el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo , considera que ni siquiera Nuclenor quiere volver a encender Garoña porque «les costaría unos doscientos millones de euros». En esta cifra contemplan las mejoras requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2009 y otras deficiencias que los ecologistas llevan años denunciando.

Sin embargo, en su último comunicado, Nuclenor sigue contemplando posibilidades de futuro y recuerda que, a pesar del «incierto» horizonte de futuro marcado en los últimos años, entre 2009 y 2012 han invertido más de 50 millones en la modernización y puesta a punto de la central burgalesa.

Nuclenor recuerda que las instalaciones cuentan con los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear y, en su día, pasó con éxito las pruebas de estrés realizadas a todas las instalaciones nucleares tras los sucesos de Fukusima. Todo esto gracias al trabajo de mantenimiento de la planta y una «clara e incuestionable» apuesta por su continuid ad.