Eliminan de la Ley Turística el artículo que impedía construir nuevos hoteles de cuatro estrellas

Así lo ha determinado el Consejo de Gobierno, que finalizó este jueves todos los trámites preceptivos para la aprobación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de junio, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, con el estudio e incorporación de las conclusiones recogidas en el dictamen del Consejo Consultivo al texto legal y el acuerdo para remitirlo al Parlamento de Canarias.

La propuesta de modificación de la norma que el gobierno isleño plantea a los diputados autonómicos modifica 6 artículos y dos de sus disposiciones transitorias, y el proyecto de ley se completa con tres disposiciones adicionales y dos con carácter transitorio, han destacado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, y el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel.

El Gobierno de Canarias asegura que ha impulsado para incrementar el "consenso global" sobre el desarrollo turístico del archipiélago y para superar algunas de las disfunciones y obstáculos en el proceso de renovación de la planta alojativa y de las infraestructuras turísticas obsoletas, tal y como evidenció la Evaluación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias debatida en la Cámara autonómica el pasado mes de octubre.

El Ejecutivo ha insistido en que la modificación de los preceptos contenidos en este artículo obedece a la búsqueda del "máximo consenso" sobre la forma de obtener el mejor modelo de desarrollo turístico para Canarias.

En este sentido, lo que se propone es "superar" la actual catalogación de la planta alojativa por número de estrellas y permitir la implantación de aquellos proyectos que aporten valor añadido al destino Canarias, "por lo que se autorizarán los que aporten los máximos niveles de ecoeficiencia y excelencia en sus servicios".

Según el apartado a) del artículo 4.2, los nuevos hoteles "deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garantice el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos".

Asimismo, deberán "reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética".

No obstante, el Gobierno ha remarcado que las autorizaciones previas "derivan de la necesidad, en un territorio fragmentado, especialmente frágil y de recursos naturales muy limitados, como es el caso del suelo, de hacer prevalecer la función social del mismo y autorizar su consumo sólo para aquellos proyectos que puedan contribuir significativamente al desarrollo social, desde la perspectiva siempre de un crecimiento sostenible".