El SCE adjudica a dedo un contrato por el riesgo de colapso de las oficinas de empleo

Fue en el consejo de gobierno del 30 de enero en que la responsable de las áreas de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo autonómico, Francisca Luengo, informó de la resolución de Martín López . El SCE, que depende de la consejería que dirige Luengo (PSOE), había iniciado el expediente para la contratación de este servicio informático el 15 de julio del año pasado. El presupuesto máximo, sin IGIC, era de poco más de tres millones de euros. El 17 de octubre, previa propuesta de la mesa de contratación, el director del organismo público adjudica el contrato a una de las empresas licitadoras. El 4 de noviembre, otra de las empresas recurre contra esta decisión y solicita la suspensión del proceso hasta que se resuelva su recurso. Un recurso especial en materia de contratación que, en virtud del artículo 45 del mencionado texto refundido, implica que la tramitación del expediente queda en suspenso. Solo 13 días después, el 17 de noviembre, el servicio de informática del SCE expone en su informe las consecuencias de la paralización del proceso, informe que alerta sobre el colapso de las oficinas de empleo en las Islas y que daría a Martín López los argumentos necesarios para acogerse al artículo 113, es decir, a la «tramitación de emergencia».

La exposición del departamento de informática, que figura en la documentación oficial a que ha tenido acceso ABC, avisa que de no contar con el servicio de mantenimiento del Sispecan (que posibilita atender a alrededor de 12.000 personas diariamente), «se comprometería gravemente no solo el propio funcionamiento del SCE de forma inmediata en cuanto a la atención ciudadana diaria [...]», sino «también a las convocatorias públicas en curso [...], a otros departamentos del Gobierno [regional] y a órganos nacionales como el Sistema Estatal Público de Empleo (SEPE)». Por si fuera poco, el informe previene, «ante la enorme sensibilidad del colectivo y su situación social», en alusión a los parados, de que «se podrían ocasionar graves altercados y disturbios en las oficinas de empleo de Canarias». En definitiva, Martín López entendió que con este dictamen quedaba «acreditado» que la situación habría supuesto un «grave peligro».

El director del SCE adjudicó el contrato, de acuerdo con la opinión de informática y en consideración de que la situación sería «catastrófica» para el interés público, por 2.500 euros al día más el coste de los trabajos que sean necesarios mientras dure la emergencia, esto es, hasta que se resuelva el recurso y se pueda adjudicar el convenio por vía ordinaria. La empresa adjudicataria es Arte Consultores Tecnológicos.