Bloqueadas adjudicaciones millonarias por la inexistencia de tribunal contractual

El hecho es que la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público está en el origen del problema que ha de afrontar el Gobierno que preside Paulino Rivero. En síntesis, ocurre que en virtud de la susodicha disposición, y como ha explicado en su bitácora el bufete de abogados Munguía y Melián , la inexistencia en las Islas de un tribunal de lo contractual comporta que no puedan formalizarse los contratos derivados de procesos de adjudicación recurridos ante la jurisdicción administrativa hasta que esta resuelva sobre el fondo del asunto o dicte medidas provisionales. En definitiva, el proceso queda en suspenso. Cabe puntualizar que hay una alternativa a la constitución del tribunal contractual: la firma de un convenio entre la autonomía en cuestión, en este caso Canarias, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Estado. El ejecutivo de nacionalistas y socialistas tampoco ha suscrito, sin embargo, convenio alguno, según se desprende de sus respuestas a varias preguntas al respecto del diputado Fernando Figuereo (PP), que está fiscalizando el papel del gabinete de Rivero en este asunto.

La propia Consejería de Sanidad admite en una de estas respuestas que por estos motivos «no son ejecutivas las resoluciones de adjudicación», es decir, no pueden rubricarse los contratos, de tres servicios: el de «asistencia técnica para el centro de servicios TIC del Servicio Canario de la Salud», otro relativo a la «historia clínica electrónica» y uno más de vigilancia y protección de los centros de salud de la isla de Gran Canaria. A estos tres casos hay que sumar uno más que incumbe al departamento de Educación, Universidades y Sostenibilidad. La consejería que dirige el también secretario general del PSOE en el Archipiélago reduce a solo una sus adjudicaciones en entredicho: «[...] se encuentra suspendida la formalización de un único contrato». Este es el del lote número 2 del proyecto TSP (Tecnologías al Servicio de las Personas), que supondrá una infraestructura de redes y equipamientos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para colegios e institutos y que Europa financia en un 85%. Todos son contratos millonarios.