Detectadas en Canarias «irregularidades» en los fondos comunitarios para formación

Así lo ha señalado la Consejería regional de Economía, Hacienda y Seguridad en una respuesta oral aportada por escrito este 18 de junio a la diputada popular Cristina Tavío.

Explica que este programa ha contado con una ficha financiera aprobada por la Comisión Europea de 137.990.442 euros , de los que hasta el momento Canarias ha certificado gastos por importe de 107,9 millones (107.986.015 euros), es decir, el 78,26%. Por tanto, quedan pendientes de aceptación por parte de la Comisión 9.061.024,89 euros.

Del total, 137,9 millones, 9,1 millones corresponden a acciones de formación, lo que representa un exiguo 8,4% sobre la cantidad total certificada.

La Intervención General ha controlado 21,9 millones: 19,3 millones a través de auditorías ya finalizadas y 2,5 millones mediante auditorías actualmente en ejecución, lo que supone un 22,1% del montante.

Como resultado de dicho control, Hacienda señala que en una fiscalización sobre 3,5 millones -alrededor de 2 millones de auditorías ya efectuadas y 1,4 de otras en proceso-, relacionada también con actividades de formación, se detectaron «irregularidades por importe de 29.803,41 euros por gastos no elegibles» -1,4% sobre el capital controlado y fiscalizado-, que «ya ha sido corregido en las certificaciones tramitadas a la Comisión», añade el departamento que encabeza Javier González.

Por lo que respecta al segundo gran plan comunitario objeto de fiscalización, el denominado Programa Operativo Plurianual de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, el SCE gestiona la línea cofinanciable que lleva por nombre «Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral».

Bajo su paraguas se desarrollan las escuelas-taller y casas de oficio; los programas integrados de formación e inserción profesional; los talleres de empleo y colaboraciones con instituciones sin ánimo de lucro y con entidades de ámbito local.

El procedimiento de evaluación de los sistemas de este programa «no se aprobó por la Comisión Europea debido a las deficiencias detectadas en la descripción del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) hasta finales de 2010».

Canarias ha certificado en siete años 77,7 millones, distribuidos en 50,9 millones correspondientes a los talleres de empleo y 26,8 a las escuelas taller y casas de oficio . La Intervención General ha fiscalizado 1,3 millones, esto es, un 1,7% del total, y detectó «irregularidades por importe de 3.563,72 eurospor gastos no elegibles» (0,26% sobre el importe controlado) y que, al igual que en el primer caso, ya se ha corregido ante la Comisión Europea.